bilbao – En 1989, cuando el Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Ardanza instituyó el primer sistema de rentas mínimas dentro del Plan de lucha contra la pobreza, las ayudas sociales llegaron a 452 familias y supusieron un desembolso equivalente a 4 millones de euros. En la actualidad, hay más de 63.000 perceptores de la RGI y el gasto anual asciende a 360 millones de euros a los que se suman los 76 millones de la Prestación Complementaria de Vivienda. Hace 25 años la prestación media era de 180,30 euros mensuales por unidad familiar, más 30 euros adicionales por cada miembro, y ahora la renta oscila entre los 612 y los 939 euros.

En estos años el sistema vasco de protección social ha demostrado ser una herramienta muy útil para combatir la exclusión y las desigualdades, que, entre otras cosas, ha permitido que en un contexto de fuerte crisis económica la evolución del País Vasco haya sido mejor que la del resto del Estado. Ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, destacó que la RGI es “una seña de identidad” y “un patrimonio colectivo que pertenece a toda la sociedad vasca”, defendió la validez del sistema vasco de protección social y advirtió de que está siendo cuestionado por dos corrientes contrapuestas: la de quienes denuncian “permanentemente su insuficiencia” y por otro lado, la de aquellos “que critican ese gasto en determinados colectivos, sobre todo personas inmigrantes o en riesgo de exclusión”. De hecho, ayer, el lehendakari y otros ponentes intervenían en una jornada conmemorativa de los 25 años de la RGI, un grupo de personas pertenecientes a diversos colectivos sociales de Bizkaia protestaban ruidosamente contra “los continuos recortes en las ayudas sociales por parte del Gobierno Vasco, el endurecimiento de las condiciones para acceder a ellas y las malas prácticas de Lanbide”.

Tanto Iñigo Urkullu como Juan María Aburto – que no asistió en persona a la jornada por motivos de salud pero envió un vídeo con su intervención – defendieron la legitimidad y utilidad de las políticas sociales frente a los ataques de uno y otro lado y abundaron en el importante papel de las rentas de inserción para garantizar la cohesión social. El lehendakari expresó su intención de “consensuar políticas sociales” a medio y largo plazo con el objetivo de garantizar su legitimidad.

más solidaridad En la jornada – organizada por Elkargune y celebrada ayer en la Universidad de Deusto – que sirvió para debatir el pasado y el futuro de las políticas de garantía de ingresos en Euskadi, intervino también el lehendakari Ardanza, que con el consejero de Empleo de entonces, José Ignacio Arrieta, puso en marcha el modelo de prestaciones. Una decisión “audaz e innovadora” que se ha convertido en un “hecho diferencial”, según señaló el lehendakari.

Tras hacer referencia al contexto en el que se aprobó el Plan de lucha contra la pobreza hace 25 años, Iñigo Urkullu instó a mantener un modelo que ha funcionado bien para favorecer el desarrollo de la actividad económica y ha permitido que ahora la tasa de desigualdad y de desempleo sean “menores” que en otras comunidades autónomas. “Una sociedad más solidaria – dijo el lehendakari – ha impulsado una Euskadi en crecimiento”.

El lehendakari destacó que el sistema de ayudas pone de manifiesto la solidaridad de la sociedad vasca y que el modelo de política social puesto en marcha hace 25 años “ha demostrado que el impacto sobre el empleo del sistema de prestaciones ha sido claramente positivo”. Añadió que “las prestaciones y ayudas sociales no contribuyen a desincentivar el acceso al empleo, sino que han tenido justo el efecto contrario” y “tanto la tasa de igualdad como la de ocupación han mejorado en Euskadi”. “Tanto la desigualdad como el desempleo son hoy menores que en nuestro entorno”, apuntó.

Críticas desde Gipuzkoa Por su parte, en Donostia, el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, aseguró ayer que en este momento hay 1.400 personas en situación de pobreza en este territorio a las que “el Gobierno Vasco niega la Renta de Garantía de Ingresos”. Rodríguez respondió así, en un comunicado, a las palabras pronunciadas por el lehendakari. El diputado aseguró que la Diputación concede a estas personas afectadas ayudas económicas que suman siete millones de euros anuales, “un coste que le correspondería asumir al Ejecutivo autonómico”.

“Las declaraciones y los discursos vacíos del lehendakari no le sirven a estas personas para sobrevivir, está en su mano contribuir de verdad a frenar la pobreza en la CAV”, añadió. Rodríguez exigió a Urkullu que contribuya a frenar la pobreza en Euskadi y asuma sus responsabilidades en el pago de la RGI a aquellas personas “que son expulsadas del sistema por no cumplir tres años de empadronamiento”.