Siempre necesitada de un vocabulario preciso, la ONU terminó por calificar de genocidio lo sucedido en Ruanda hace ahora veinte años: el exterminio sistemático de una población o parte de ella por razones de raza o religión. Allí murieron alrededor de 800.000 personas, en su gran mayoría de la etnia tutsi, enfrentada secularmente con la mayoritaria etnia hutu. Una de las grandes matanzas del siglo XX tiene explicaciones bien concretas – políticas y de ancestral rivalidad tribal – que la administración belga en Ruanda y en el vecino Burundi no quiso ver ni enmendar. Ya en 1972 unos 300.000 hutus fueron asesinados en Burundi en el marco de una descolonización desordenada. Un insólito hecho se añadió a la enorme tragedia: la activa participación en los sucesos de la jerarquía religiosa, católica en gran parte. Con buen sentido y tono de sincero dolor el papa Juan Pablo II lo reconoció así en 1996 y Roma ha sabido contribuir desde entonces a la pacificación desde el arrepentimiento. Nunca más, tal debía ser – y será, si sigue el proceso de normalización en curso – el único deseo en el devastado y hermoso país africano.