Los medios disuasorios, como las pelotas de goma, las cuchillas o la valla de Melilla no lograrán frenar la inmigración irregular. Así de contundente se mostró ayer la magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles Fernández durante su ponencia en el marco de las jornadas jurídicas ‘Por el diálogo’, organizadas en la capital malagueña por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y patrocinadas por Unicaja.

Al respecto, explicó que la situación de crisis que se vive en el mundo es la razón por la que los países ponen trabas a los flujos migratorios. Sin embargo, Robles Fernández indicó que, mientras se den situaciones extremas, continuarán produciéndose estos hechos.

La jueza fue presentada por su compañero en el Supremo Francisco Javier Arroyo Fiestas, y estuvo acompañada por la secretaria general de Inmigración y Emigración del Gobierno, Marina del Corral, y por el profesor de Derecho Laboral de la UMA, Pedro Moreno Brenes. Robles Fernández expuso que, por ejemplo, África «se está desangrando», ya que allí «la vida humana no vale nada» y que el objetivo de estas personas es llegar a un mundo mejor. Por ello, manifestó que mientras no se arregle la situación de esos países no se van a frenar los flujos migratorios. «No valen las medidas materiales o físicas para impedirlo», apuntó.

La magistrada aseguró que también hay que acordarse de las mafias, «que utilizan a menores y a mujeres embarazadas para entrar en los países». Asimismo, criticó la corrupción que hay en las zonas que atraviesan estas personas para llegar a las fronteras españolas. Mientras reconoció que las leyes van por detrás de la realidad social que se vive en el país, la juez pidió a los partidos políticos que no utilicen como arma arrojadiza la inmigración. Asimismo, les solicitó que se lleve a cabo un pacto de Estado para fijar las políticas en esta materia.

Políticas constantes

Precisamente, la secretaria general del ramo se mostró de acuerdo con la magistrada sobre este último aspecto. Del Corral manifestó que las políticas de inmigración tienen que ser constantes y no pueden centrarse en un caso puntual.

Reconoció que la situación que se vive en Ceuta y Melilla es «extremadamente complicada». Pese a ello, señaló que las manifestaciones de la inmigración ilegal, de la presión migratoria, son muy diversas y han cambiado mucho en el tiempo, recordando la crisis de los cayucos en 2006, cuando 39.000 personas llegaron a las costas españolas.

La secretaria precisó que el Gobierno ha apostado por luchar contra la inmigración irregular mediante una política sostenida y en colaboración con la Unión Europea (UE). En concreto, a través de varias líneas de actuación, como es la prevención en origen, la cooperación con países para erradicar las redes que trafican con inmigrantes y la mejora de la gestión de fronteras.