Dos hombres y una mujer, de nacionalidad dominicana y marroquí, urdieron en Lugo parejas de conveniencia, pero fueron cazados por la policía. Se enfrentan ahora a multas que podrían llegar en su cuota máxima a los 10.000 euros. Uno de los implicados llegó a fingir que su mujer postiza estaba embarazada. El fin de estas falsas parejas de hecho era la obtención de permisos de residencia de forma fraudulenta por parte de los ciudadanos extranjeros. Quienes por parte nacional se prestaban a participar en el hecho supuestamente recibían algún tipo de contraprestación.

El control fue realizado el pasado mes por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Lugo. Tanto los dos hombres como la mujer denunciados por los hechos se encontraban en situación irregular en el territorio nacional.

Un dominicano de 34 años consiguió engañar a un organismo oficial al simular una relación con una lucense de la misma edad. Incluso se llegó a inscribir como pareja de hecho, para lo que afirmó que su compañera esperaba un hijo suyo. Era una mentira que se descubrió posteriormente.

Cuando los agentes interrogaron al implicado en la operación, este les dijo que su único trabajo era ir al gimnasio para «lucir músculo». Los investigadores comprobaron que dicho «puesto de trabajo» era costeado por su pareja.

Otra de las parejas irregulares descubiertas por los funcionarios la integraban una dominicana y un lucense. Al saber que habían sido descubiertos presentaron una serie de documentos que la policía considera de dudosa autenticidad, por lo que abrió diligencias para poder determinar si son correctos.

La tercera de las parejas la componían un hombre marroquí de 27 años y una luguesa de 32. El varón afirmó a la policía que trabajaba en los mercadillos de la provincia vendiendo diversos objetos. La versión oficial apunta a que no disponía de la autorización administrativa para trabajar. Tampoco tenía permiso para la colocación del puesto. En su haber tiene antecedentes policiales.

Extranjería plantea a la Subdelegación del Gobierno que imponga una sanción administrativa a los participantes en los hechos. Las tarifas van desde los 501 euros a los 10.000.

Los matrimonios de conveniencia ya habían sido motivo de otras investigaciones en la ciudad recientemente. Sin ir más lejos, en la operación Carioca, la jueza De Lara tiene abiertos varios casos en Lugo y Ourense.

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