Multas de hasta dos mil euros a los mendigos. Es lo que prevé la nueva Ordenanza Municipal sobre Prevención da Mendicidade no Concello de Salvaterra do Miño que fue aprobada ayer gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. La ordenanza prevé multas de 25 a 300 euros por mendigar y las sanciones se elevan hasta mil euros si la persona que pide utiliza a un menor. En caso de reincidir la multa ascenderá a dos mil euros.

El PP decidió sacar adelante esta norma porque en los últimos meses «estase notando un incremento da mendicidade no centro da vila», según recoge el texto. El gobierno local atribuye este fenómeno a «grupos organizados» que se encargan de «ir repartindo» por diferentes puntos del municipio a personas que se dedican a pedir. El alcalde, Arturo Grandal, apuntó directamente a «mafias» que se dedican a explotar a los mendigos a los que exigen una recaudación diaria, por lo que aseguró que la ordenanza no va contra las personas necesitadas a las «axudamos dende o Concello» sino contra este tipo de organizaciones. Grandal dijo que una persona alquiló recientemente un piso en el que se metieron «vinte ou trinta rumanos e ao día seguinte os repartiron por todo o pobo». El regidor manifestó ayer en el pleno municipal que decidió redactar la ordenanza cuando una mendiga que estaba supuestamente acosando a los clientes de un supermercado les dijo que no podían hacer nada contra ella porque no había ninguna ordenanza al respecto. Grandal insistió en que el fenómeno se debe a «unha mafia que os explota. E ademais os roubos aumentaron unha barbaridade». La Policía Local de Salvaterra ha confirmado que en las últimas semanas se produjo una oleada de robos, uno de ellos en la guardería municipal.

El PSOE se marcha

La ordenanza provocó que el grupo socialista se ausentase del pleno tras rechazar la norma. El portavoz socialista, José Luis Fernández, llamó «xenófobo» al alcalde y lo acusó de criminalizar a los rumanos.

La portavoz del BNG, Patricia Mariño, le recriminó querer volver al Medioevo y apeló al Código Penal para resolver los problemas criminales y a políticas más sociales para combatir la pobreza.