Soplan malos tiempos para la solidaridad en Europa. La crisis, la cercanía de las elecciones europeas y el auge de los partidos ultras están llevando a los gobiernos a buscar maneras de restringir las ayudas sociales a las que pueden acceder los ciudadanos que se desplazan a otros países de la Unión para buscar trabajo.
La directiva sobre libre circulación de trabajadores ya prevé ciertos límites, recordó ayer la Comisión Europea, avalando los incipientes planes de Alemania de privar a los ciudadanos intracomunitarios del acceso a la sanidad y ayudas sociales, incluso expulsándolos. “Es demasiado pronto para adoptar una posición”, aclaró el portavoz comunitario de Asuntos Sociales, Jonathan Todd, ya que no es una propuesta legal sino un informe de orientación. Pero según la legislación europea, recordó, “no existe un derecho absoluto a quedarse en otro Estado miembro”.
La legislación que permite imponer ciertas restricciones a la protección social de los trabajadores intracomunitarios desplazados está en vigor desde el 2004 pero pocos países se habían preocupado por aplicar esas salvaguardas. La llegada de inmigrantes intracomunitarios era en general bienvenida cuando la economía iba bien. Con la crisis, la actitud hacia estas situaciones ha cambiado, aunque no hay datos que indiquen que haya un fraude masivo y sólo seis millones de los ciudadanos europeos (un 3,1% de la población total) se han ido a trabajar a otro Estado de la UE.
“A partir de tres meses, la persona debe poder demostrar que tiene medios financieros para no ser una carga para el país de acogida”, recordó Todd. Esta prevención se explica tanto por las enormes diferencias de renta existentes entre los países de la UE (agudizadas con el ingreso de Bulgaria y Rumanía) como por el hecho de que aunque el mercado laboral se ha europeizado, la seguridad social y los sistemas de protección siguen siendo nacionales.
Pasados los tres primeros meses de estancia, son las autoridades del país de acogida quienes deben determinar –caso por caso– si la persona está efectivamente buscando empleo y si tiene posibilidades de encontrarlo. Si la conclusión es negativa, los autores del informe alemán abogan por expulsarla a los seis meses. La ley europea sólo prevé la expulsión para casos excepcionales y por un límite de tiempo. El enfoque adoptado por Bélgica sí goza del respaldo de la Comisión: las personas no son físicamente expulsadas del país pero se quedan fuera del sistema, sin acceso a ayudas. La medida afectó a 323 españoles en el 2013.

En Londres han optado por una solución que la Comisión Europea amenaza con llevar a los tribunales. Presionado por el partido antieuropeo UKIP, el Gobierno de David Cameron ha optado por exigir más condiciones a los intracomunitarios que a los británicos a la hora de acceder a ayudas sociales, una discriminación contraria al derecho comunitario, según Bruselas. “Los expertos alemanes han indicado que pretenden aplicar la legislación de la UE en lugar de tratar de reinventar las reglas, porque se dan cuenta de que existen salvaguardas en las normas de la UE que pueden aplicarse” para prevenir abusos, diferenció el portavoz.