La Comisión Europea recordó ayer que la libertad de circulación y residencia dentro de la Unión «no es absoluta» y que la norma que estudia aplicar el Gobierno alemán es legal, ya que respeta el mínimo de tres meses de permanencia libre antes de poder expulsar a un ciudadano que represente una carga para el Estado.El portavoz comunitario, Jonathan Todd, dijo que aún es pronto para pronunciarse sobre esta regulación, ya que de momento lo único que existen son las conclusiones de un informe encargado por Berlín. La Comisión, añadió, «se asegurará de que la nueva normativa cumple con la regulación europea sobre libertad de movimiento» y acto seguido recordó que «en la UE no hay derechos absolutos» en este sentido.

«De acuerdo con la normativa europea, no hay derechos absolutos. Después de tres meses un ciudadano de otro Estado miembro debe demostrar que tiene ingresos suficientes y no representa una carga para el Estado de acogida», recordó Todd en referencia a la directiva que fue aprobada por todos los Estados miembros en 2004 y que entró en vigor dos años después.

La norma establece el principio general de que los ciudadanos y trabajadores de la UE tienen derecho a trabajar y circular libremente en cualquier Estado miembro. Sin embargo, este derecho, que se ha consagrado como uno de los pilares fundamentales de la construcción europea, tiene algunas limitaciones.

Así, todo ciudadano de la UE tiene derecho a vivir en el territorio de otro Estado miembro hasta tres meses, sin condiciones o formalidades. Pasado este periodo, es el Estado de acogida el que decide quién puede quedarse en el país de acuerdo con unas condiciones o criterios que han de respetar estándares comunes en toda la UE y no deben ser abusivos.

Los trabajadores por cuenta ajena o propia y sus familiares pueden residir sin requisito alguno. Los solicitantes de empleo han de demostrar que «tienen verdaderas posibilidades» de obtener un trabajo, mientras que los estudiantes y demás población activa sólo podrán residir durante más de tres meses si «disponen de suficientes medios económicos y de un seguro de enfermedad para sí y su familia, de modo que no sean una carga para el sistema de asistencia social ni sanitario del país de acogida». En Bélgica, por ejemplo, este umbral rondaría los 1.000 euros al mes.

Cada país establece esos requisitos en base a criterios diferentes. La Comisión, como guardiana de los Tratados, se encarga de evaluar que esos criterios no son abusivos. Además, al cabo de cinco años de residencia legal ininterrumpida, los ciudadanos de la UE y sus familiares adquieren el derecho a residir en ese país de forma permanente.

Actualmente más de 14 millones de ciudadanos residen en otro Estado miembro. En esta población de migrantes, la tasa de empleo media (67,7%) es superior a la de los nacionales (64,6%). La Comisión Europea ha dedicado un importante esfuerzo a contrarrestar las medidas populistas que están surgiendo en los Estados miembros a raíz de la crisis económica y la proximidad de las elecciones europeas. Desde Bruselas recuerdan que «los migrantes que no tienen empleo (estudiantes, jubilados, solicitantes de empleo y otras personas inactivas) apenas representan una pequeña parte del total y el 79 % vive en un hogar en el que al menos un miembro trabaja».

Ayer el portavoz comunitario recordó al Gobierno de Reino Unido –uno de los que están tratando de implementar medidas más polémicas– que la ley europea deja muy claros los límites dentro de los cuáles puede legislar.

Estas normas son aplicables a todos los países de la UE (28), con independencia de si están o no en el espacio de libre circulación de Schengen. Este tratado lo único que regula es la libertad para moverse por sus Estados miembros de forma libre sin que le sea requerida documentación en la frontera.

No obstante, los tratados de adhesión a la UE establecen cláusulas para que durante los primeros años de permanencia los trabajadores de un país recién incorporado no puedan beneficiarse plenamente de estos derechos. Eso es lo que ha pasado con Rumanía y Bulgaria, cuyos ciudadanos no han adquirido el 100% de los derechos hasta este año, a pesar de que son ciudadanos europeos desde 2007.