ALEMANIA expulsará a los inmigrantes comunitarios que no encuentren empleo y restringirá la concesión de prestaciones sociales, lo cual no solo vulnera los principios básicos de la Unión Europea, sino que, además, supone una discriminación en función de la nacionalidad que tiene difícil encaje en la normativa europea. El Gobierno de Angela Merkel anunció ayer que denegará el permiso de residencia a los ciudadanos comunitarios que no logren un puesto de trabajo en un plazo de seis meses. Aunque, en principio, estas medidas se han ideado para frenar la entrada de rumanos y búlgaros, lo cierto es que afectará a todo tipo de inmigrantes europeos. Se trata de una estrategia equivocada, ya que, con la excusa de combatir el fraude en materia de prestaciones, se apuesta por una política de tinte populista que viola la libre circulación de personas en la UE.

En todo caso, con independencia de estas dudas jurídicas, sorprende que los socialistas alemanes, socios de gobierno de Merkel, apuesten por este radical endurecimiento, sobre todo si se compara con las habituales e injustificadas críticas que lanzan sus colegas españoles a la razonable política migratoria del PP, cuya legalidad y pertinencia está fuera de toda duda. Más interés aún tendrá la respuesta de la Comisión Europea a Berlín, si es que esta se produce. Habrá que ver si la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se atreve a criticar mínimamente a Merkel tras este particular anuncio, especialmente si se tiene en cuenta que Bruselas mira con lupa la estrategia que sigue España en el Estrecho para defender legítimamente sus fronteras de la inmigración ilegal procedente de países extracomunitarios.