El Gobierno alemán escenificó ayer en Berlín el endurecimiento de su política de inmigración, en un acto en el que los ministros de Interior, Thomas de Mazière, y de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron el resultado preliminar de un estudio que recomienda medidas como limitar el acceso de los inmigrantes europeos a las prestaciones sociales y restringir a tres o seis meses los permisos de residencia en el país mientras se busca empleo.

El objeto que persigue la gran coalición alemana, alentada por el socio menor, la Unión Socialcristiana de Baviera, es luchar contra el «turismo social», que es el nombre que en el debate público en Alemania ha tomado la riada de rumanos y búlgaros con acceso al mercado laboral alemán desde el pasado 1 de enero.

Los ingresos familiares medios rondan en Alemania los 22.000 euros netos, mientras que en Bulgaria son 3.400 euros y en Rumanía 2.400. Eso explica que el año pasado llegasen a Alemania 75.000 personas procedentes de estos países en busca de una oportunidad y que este año, según las previsiones del Gobierno, esa cifra vaya a doblarse. Se trata, en gran medida ,de trabajadores escasa o nulamente cualificados y en buena parte de etnia gitana, que solicitan prestaciones sociales y viviendas y que han colapsado los sistemas sociales de ciudades como Múnich, Fráncfort, Hamburgo y Duisburgo.

El ministro De Mazière aseguró ayer que el problema es «manejable», pero que requerirá reformas en la política de inmigración, durante la presentación de un informe cuyos resultados definitivos no se conocerán hasta junio.

Sólo después de tener todos los datos sobre la mesa, el Gobierno de Berlín tomará decisiones, por ahora estudia las primeras propuestas del comité de expertos consultados, entre las que figuran restringir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido ilegalidades, la concesión de permisos limitados de residencia de entre tres a seis meses para la búsqueda de empleo y la penalización del fraude para conseguir papeles.

Además, aconseja un endurecimiento de las condiciones para que ciudadanos europeos puedan acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, denominadas Kindergeld, que hasta ahora eran universales para todos los habitantes de Alemania, o las ayudas sociales Hartz IV.

El hecho de que esta amenaza haya sido presentada por dos ministros, sin tratarse de medidas que vayan a entrar en vigor a corto o medio plazo, sino que todavía están en estudio, sugiere que se trata de una concesión mediática a la CSU, que hizo campaña para las generales de septiembre contra los inmigrantes pobres, que durante las negociaciones para la formación de la gran coalición agitó, incansable, el lema Wer betrügt der fliegt (El que engaña que se vaya) y que requiere resultados ante la opinión pública.

La presentación ha servido de envoltorio, además, a una partida presupuestaria de 200 millones de euros a repartir entre los Länder más afectados, ya que el Gobierno reconoce la importante carga que soportan algunas ciudades.

Pero si bien es cierto que hay ayuntamientos con las arcas vacías que deben hacer frente a ayudas sociales extraordinarias a causa de la llegada de estos inmigrantes , también hay que aclarar que en ningún caso, tal y como reconoce de Mazière, se trata de un problema de colapso del sistema social alemán.

La cuota de parados rumanos y búlgaros en Alemania es muy reducida en comparación con el resto. Solamente el 0,7% de los receptores de Hartz IV proceden de estos países. Además, sólo en 10 Jobcenter de Alemania, el equivalente a las oficinas del INEM en España, hay registrados más de 500 perceptores de Hartz IV que hayan llegado desde Rumanía o Bulgaria.

A modo de aclaración, por lo demás, es pertinente recordar que ni Bulgaria ni Rumanía, a diferencia de España y Alemania, pertenecen al territorio Schengen, un espacio que funciona en términos migratorios como un solo país, de modo que si Alemania termina tomando medidas como las que propone este informe, lo estaría haciendo de acuerdo con la legislación europea. La española, según los datos del estudio, es la séptima nacionalidad entre los más de 623.000 inmigrantes que recibió Alemania en 2012, tras polacos, rumanos, búlgaros, húngaros, italiano y griegos.