Otros casos

Londres respondió al levantamiento de las restricciones que mantenían algunos países a la libre circulación de rumanos y búlgaros limitando su acceso al sistema sanitario y a las prestaciones sociales. Durante semanas, el primer ministro, David Cameron, habló de evitar una “avalancha” de inmigrantes en busca del “atractivo” sistema social británico.

Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero en 2002 ambas partes firmaron un acuerdo de libre circulación de personas. En febrero, los suizos aprobaron, por referéndum, limitar la entrada de ciudadanos de la UE a su mercado laboral con cuotas anuales.

Bélgica Expulsiones por “carga excesiva”

Bélgica ha acelerado la práctica de expulsar a ciudadanos comunitarios que considera “una carga excesiva” para su sistema. Según la Oficina de Extranjería del Ejecutivo, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado.

Las cifras

Rumanos. Entre 2012 y 2014, la llegada de inmigrantes de esta nacionalidad a Alemania ascendió un 414,5%.

Búlgaros. La presencia de personas búlgaras ascendió al igual que la de ciudadanos rumanos en el período 2012 – 2014.

Polacos. Los polacos son la nacionalidad europea más numerosa en Alemania.

Italianos. Son la segunda nacionalidad más numerosa.

Griegos. Los griegos están en tercera posición.

Españoles. En 2012 residían en Alemania algo más de 120.000 españoles, un 11% más que en 2004. En 2012 entraron en Alemania 23.345.

donostia – La coalición de Angela Merkel cumplió ayer sus primeros cien días de Gobierno con una polémica propuesta: expulsar a los inmigrantes europeos que en un plazo de seis meses no hayan encontrado trabajo en Alemania. El ministro del Interior, Thomas de Maisière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron en Berlín un informe elaborado por un grupo de expertos de varios ministerios en el que se propone conceder un plazo de entre tres y seis meses a los inmigrantes de la Unión Europea para que encuentren un empleo; en caso contrario, deberán regresar a sus países de origen. El informe se centra en el posible impacto que puede tener en Alemania la apertura de fronteras a los ciudadanos búlgaros y rumanos, que desde el pasado 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país. Sin embargo, la medida afectará a todos los ciudadanos de la Unión Europea por igual.

Esta no es la única propuesta del informe, que lleva por título Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de Seguridad Social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE, que plantea también prohibir temporalmente el reingreso en el país de quienes hayan cometido fraude o abuso – como sería la utilización de documentos falsos o supuestos abusos al sistema social – y castigar penalmente el fraude para conseguir papeles. La gran coalición de Merkel quiere, asimismo, endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran actualmente por los hijos a cargo, incluidos los que residen fuera de Alemania – el Estado paga una ayuda de 184 euros por cada vástago – . De esta forma, Berlín pretende evitar que los inmigrantes perciban subvenciones dobles.

Tras cien días de difícil convivencia, estas medidas parecen encaminadas a satisfacer a los democristianos de Baviera, la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel y miembro también de la coalición de gobierno, que el pasado enero, tras la eliminación de las restricciones a ciudadanos búlgaros y rumanos, propuso medidas para poner coto al acceso de los futuros inmigrantes al sistema social alemán y evitar con ello lo que califican como un “fraude a las prestaciones sociales”. Tanto Alemania como Francia y Holanda se opusieron abiertamente a levantamiento de las restricciones a búlgaros y rumanos.

Normativa europea El ministro del Interior alemán insistió ayer en los beneficios que aportan los ciudadanos europeos que trabajan en el país, pero hizo hincapié en los “problemas” que puede acarrear el fenómeno migratorio si no se ponen límites al fraude. El estudio quiere dejar claro que las propuestas respetan la normativa europea. Esta reconoce a los ciudadanos de la UE el derecho a entrar y residir libremente en cualquier Estado miembro durante tres meses; a partir de ese tiempo, cada país puede decidir ampliar únicamente ese derecho a quienes tengan un trabajo o medios suficientes para vivir. En el caso de los trabajadores que se hayan quedado en paro, se les debe garantizar un mínimo de seis meses para encontrar otro empleo.

Esta posibilidad sí está contemplada, por lo tanto, en la normativa europea, pero no había cobrado relevancia hasta ahora, cuando el temor a una llegada masiva de ciudadanos búlgaros y rumanos, los inmigrantes de la pobreza, está recorriendo una Europa sumida en la crisis y la austeridad. De hecho, Alemania no es el primer país que toma medidas al respecto.

El primer ministro británico, David Cameron, fue el primero en actuar frente al fin de las restricciones a búlgaros y rumanos al limitar su acceso al sistema sanitario y a las prestaciones sociales. Londres cobra a los extranjeros por ciertos servicios en la sanidad pública y ha aprobado leyes que exigen mayores niveles de inglés y al menos seis meses de residencia en el país para poder solicitar el subsidio de desempleo. Asimismo, este mismo mes anunció que los inmigrantes provenientes de otros países de la UE tendrán que acreditar que ganan al menos 150 libras semanales (180 euros) para poder solicitar los subsidios sociales.

La inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de cara a las elecciones europeas de mayo, en las que las formaciones ultra y euroescépticas podrían lograr su mejor resultado. Estas, como el Frente Nacional francés de Marine Le Pen, no quieren ni oír hablar de la libre circulación. Su avance en las encuestas, corroborado en la primera vuelta de las elecciones municipales francesas del pasado domingo, al igual que el de los británicos de UKIP, ha tenido como consecuencia directa la adopción, por parte tanto de las autoridades británicas como de las francesas – en el caso galo, por parte del ministro del Interior, Manuel Valls – de un peligroso discurso, sin base estadística, contra la inmigración proveniente de Bulgaria y Rumanía.