Alemania pretende impedir la llegada de rumanos y búlgaros con una limitación de las prestaciones sociales

El Gobierno alemán anunció ayer un controvertido paquete de medidas para frenar la llegada de inmigrantes pobres de la Unión Europea, especialmente desde Rumanía y Bulgaria, que teme que se conviertan en un peligro para la preservación del sistema de protección social germano.

En una rueda de prensa conjunta, el ministro del Interior, el democristianoThomas de Maizière, y la ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, salieron así al paso del debate desatado a inicios de este año por el tercer partido de la Gran Coalición, los socialcristianos bávaros de la CSU, que alertaron de que el libre acceso al mercado laboral germano de ciudadanos búlgaros y rumanos a partir de este año podría generar abusos en la prestación de ayudas sociales.

De ahí que ahora Berlín pretenda restringir a seis, o incluso a solo tres meses, el periodo de tiempo que los ciudadanos de otros países de la UE tienen para encontrar trabajo. La llegada durante los últimos meses de búlgaros y rumanos fue una de las causas explícitamente citadas por el titular de Interior para justificar la medida: «La cifra de inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía, y también los problemas sociales que parcialmente están relacionados con esa inmigración, son apreciables en todo el país y son preocupantes a nivel regional», dijo Thomas de Maizière.

Esta limitación del permiso de permanencia en el país irá previsiblemente acompañada de un mayor control en el reparto de ayudas sociales, como el salario mínimo para desempleados (popularmente conocido como Hartz IV) o el subsidio familiar por hijos. El Gobierno alemán también se plantea prohibir la entrada en el país a aquéllos ciudadanos de la UE que abusen del permiso de residencia o que trabajen como falsos autónomos para acogerse a ventajas fiscales.

Medidas que fueron complementadas con una advertencia a los ciudadanos alemanes que pretendan aprovecharse de los trabajadores rumanos y búlgaros mal preparados y sin conocimientos del idioma. De Mazière advirtió en este sentido de que habrá más controles para combatir la explotación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria atraídos a Alemania con falsas promesas.

Dio la impresión de que, de esta forma, la ministra de Trabajo, la socialdemócrata Nahles, quiso poner el contrapunto social al anuncio de esas restrictivas medidas explícitamente dirigidas a los inmigrantes búlgaros y rumanos, pero que también podrían afectar a ciudadanos del resto de Estados de la UE, como España.

Nahles intentó cubrir con un leve barniz social las amenazas de ayer con la promesa de movilizar 200 millones de euros durante los próximos años para las ciudades con mayores problemas sociales derivados de la inmigración, como Duisburgo, Fráncfort o Dortmund. Una promesa que tiene una fuerte carga de consumo interno dados los problemas de financiación municipal que sufren algunas ciudades alemanas.

Ya en 2011 se generó un debate similar al actual cuando los ciudadanos de Estados recién llegados a la UE como Estonia, Lituania, Polonia o Eslovenia accedieron a la plena libre circulación y al acceso del mercado laboral alemán. Parte de la prensa germana también alimentó entonces los presuntos peligros que una eventual avalancha de trabajadores de Europa del Este supondría tanto para el modelo económico alemán (por la mayor presión salarial que supondría la llegada masiva de trabajadores de países más pobres a un mercado laboral como el alemán sin salario mínimo) como para el sistema de ayudas sociales. Aquel debate fue diluyéndose con el paso del tiempo porque tal avalancha nunca se produjo.

Esta vez es diferente porque el Gobierno ya ha anunciado oficialmente la pretensión de introducir un paquete de medidas ante lo que considera un problema que podría agravarse. En 2012 llegaron Alemania alrededor de 71.000 ciudadanos rumanos y búlgaros. Berlín calcula que esa cifra podría doblarse a lo largo de 2014.

Algunas voces expertas alertan de una excesiva dramatización de la situación. «Los inmigrantes rumanos y búlgaros reciben menos ayudas por hijos que los ciudadanos alemanes», asegura a Reuters Herbet Brücker, investigador del fenómeno migratorio, quien apunta que sólo un 9,1% de los ciudadanos de ambos países recibe el subsidio familiar frente al 10% de los ciudadanos alemanes y al 14,8% del resto de la población extranjera residente en el país. Con todo, sí que se aprecia una tendencia ascendente de rumanos y búlgaros que solicitan la ayuda social de subsistencia: esa cifra se dobló el pasado diciembre respecto al mismo mes de 2012.

En cuanto a los abusos del sistema social alemán por parte de rumanos y búlgaros, no hay hasta ahora ningún indicio de que el Estado del bienestar alemán esté sufriendo abusos masivos por parte de inmigrantes extranjeros. Los economistas también recuerdan que el modelo económico alemán, lastrado desde hace años por una bajísima tasa de natalidad, necesita irremediablemente de la inmigración cualificada para mantener su competitividad. En este caso, sin embargo, el Gobierno federal parece tener un problema con los inmigrantes poco o nada cualificados.