Hasta ahora, Geert Wilders, el líder antimusulmán holandés, había dedicado sus esfuerzos a rechazar el islam por considerarlo “una ideología retrógrada y violenta”. Contra los musulmanes, dice siempre, no tiene nada, “si saben comportarse en una sociedad democrática y no cometen delitos”. En tal caso, hay que expulsarles. La noche del pasado miércoles, mientras festejaba los resultados de las elecciones municipales, que le mantenían como el partido más votado en Almere, y el segundo en La Haya (las dos ciudades donde se presentaba), cruzó una línea de difícil retroceso. Preguntó en esta última a sus seguidores si querían “más o menos marroquíes, aquí, y en Holanda”. La respuesta fue inmediata: “Menos, menos, menos”, coreó la sala. Este viernes, todo el arco político le acusa de haber incitado al odio y la discriminación contra un grupo étnico en particular. Un acto que le ha valido ya el abandono de dos de sus diputados, y de un concejal, por considerar insostenibles sus declaraciones. También le han puesto un centenar de denuncias ante la Fiscalía General del Estado. El domingo, la Iglesia Protestante oficiará un servicio religioso en protesta por sus palabras abierto a otros credos.

“Hemos notado que un amplio sector de la sociedad precisa sentirse unido, y quiere que todo el mundo sea tratado como un individuo valioso. Esa es la voz que deseamos sea escuchada”, ha dicho Karin van den Broeke, mujer sacerdote y presidenta de la Iglesia Protestante en Holanda. Su plan ha recibido el apoyo de la comunidad judía y musulmana, pero mientras busca un templo, Wilders repite que su discurso no es delictivo. Para ser exactos, ni siquiera es nuevo. “Estoy en contra de los delincuentes marroquíes, como siempre. Es absurdo que no pueda decir algo así. Más del 60% de estos jóvenes ha tenido roces, o ha sido detenido por la policía. Dependen (como grupo) siete veces más que el resto de los subsidios. Se aprovechan y molestan a todos. Echarlos del país es una idea estupenda”, ha declarado a la cadena comercial de televisión RTL.

Al hablar de “marroquíes”, Wilders se refiere en realidad a los holandeses de origen marroquí. Es decir, a los descendientes de los inmigrantes de primera generación llegados a Holanda en los años sesenta para trabajar, en su mayoría, en el sector textil y de electrónica. A sus compatriotas, puesto que han nacido aquí y disponen de pasaporte en regla. Según las últimas estadísticas, cerca de la mitad de los habitantes de La Haya –sede del Gobierno y residencia del rey, Guillermo Alejandro– es de origen inmigrante, o bien expatriados temporales que trabajan fuera de su país. Y sí, es cierto que las pandillas de “jóvenes marroquíes” aparecen con frecuencia en los atestados policiales (como sucede en Ámsterdam). Pero las autoridades apuntan “el fracaso escolar, el desarraigo y los peligros de radicalización, entre los problemas a resolver”. “Distinguirlos por su etnia solo empeora las cosas”, según portavoces gubernamentales.

Como las denuncias contra Wilders obran en poder de la Fiscalía, Ivo Opstelten, ministro de Justicia, le ha contestado a título personal. “Debe retractarse de unas palabras repugnantes. Estoy de acuerdo con Mark Rute (primer ministro liberal) en que así no podemos colaborar con él”, ha dicho. Desde Bruselas, donde ha asistido a una cumbre europea dedicada al problema de Crimea, Rutte ha criticado al líder extremista “por pasarse una vez más de la raya”. Hasta la fecha, el mandatario, que aceptó el apoyo extraparlamentario de Wilders durante su primer Gabinete (entre 2010 y 2012) en plenos ajustes por la crisis, había preferido evitar la confrontación. Cuando le abandonó, provocando la convocatoria de nuevas elecciones, mantuvo la puerta abierta a la colaboración. Ahora ya no.

La socialdemocracia, sus socios en el actual Gobierno, también ha dado un portazo. “El artículo primero de la Constitución dice que todos los ciudadanos deben ser tratados por igual, y estamos a punto de celebrar el 200 aniversario de la Carta Magna”, ha recordado Ronald Plasterk, ministro de Interior.