Volaron de Brasil a Galicia para ejercer la prostitución y terminaron recalando en un club de Agolada donde, supuestamente, fueron objeto de todo tipo de vejaciones y amenazas. Así lo relataron ayer dos de las tres testigos protegidas – la tercera está en paradero desconocido, si bien se cree que ha regresado a su país de origen – de un procedimiento que sienta en el banquillo al propietario del negocio, a un camarero y a una prostituta que, presuntamente, estaría compinchada con los primeros.

Oculta detrás de un biombo, la primera de las denunciantes explicó que la contactaron en Brasil cuando lo estaba pasando muy, «con muchos problemas económicos». Añadió que le aseguraron que en España con el alterne «se podían ganar quinientos euros por noche u ochenta si no se trabajaba».

Una vez convencida, su contacto le explicó que tenía los billetes de avión esperándole en una agencia de viajes, así como que mantuviera la pose de una turista. Incluso, aparentemente, le llegaron a reservar un hotel para dar credibilidad a esta fachada.

La realidad con la que se encontró al pisar suelo nacional fue muy diferente a la que le habían dicho. «Yo no sabía a donde iba», manifestó, instantes antes de señalar que en el club de Agolada ya le indicaron que había asumido una deuda de tres mil euros que tendría que ir saldando a medida que mantenía encuentros sexuales con los clientes.

En todo momento, esta mujer sostuvo que, mientras existió la deuda, no recibió ni un solo euro por estos servicios, ni disfrutó de un día de descanso. «No teníamos dinero ni para comprar compresas», lamentó. Añadió que estaban sometidas a un régimen de infracciones y sanciones arbitrario. Así, les multaban si llegaban tarde al salón, o si se demoraban a la hora de sentarse a comer, o si pasaban más tiempo del estipulado con un cliente en la habitación.

Reconoció, eso sí, que podían salir del club, pero el miedo, el desconocimiento del idioma, las supuestas amenazas o el hecho de no tener amigos o familia, presuntamente, fueron un freno a la hora de denunciar su situación. Además de que les daban a entender que si hablaban más de la cuenta serían represaliadas.

Similar versión ofreció la segunda denunciante, quien, a mayores, señaló que un cliente la forzó provocándole daños en la vagina sin que, supuestamente, nadie del club tomara cartas en el asunto: «Estuve diez días sangrando y ni me llevaron al médico».

En su caso, y a diferencia de la primera testigo, llegó a relatar una agresión física por parte de uno de los acusados.

Finalmente, las acusaciones decidieron mantener las peticiones de pena para los imputados. En el caso de la Fiscalía, estas se concretan en doce años por un delito de inmigración ilegal y cuatro años por un delito contra los derechos de los trabajadores. La acusación particular, a mayores, suma cargos por vejaciones y coacciones.

Las denunciantes se encontraron al llegar al club con una deuda de tres mil euros

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