Interior solicita a los partidos un pacto para definir un marco jurídico que haga compatible la seguridad de las fronteras con los derechos humanos de los inmigrantes

Se podrá reforzar la seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla lo que se quiera, o enviar a la zona más y más policías y guardias civiles, pero en el Minsterio del Interior se sabe que el núcleo de la solución de la crisis de la inmigración que estamos viviendo está, por una parte, en la cooperación con Marruecos, Argelia, Mauritania y países subsaharianos de donde proceden estas personas, para lo que es clave la implicación de la Unión Europea, y en dotar de seguridad jurídica el trabajo que hacen las Fuerzas de Seguridad con una normativa clara que defina qué se puede y qué no se puede hacer.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, en su comparecencia del miércoles en la Comisión de Interior, lo expresó con toda claridad: es necesario un pacto entre los partidos para acordar ese marco jurídico imprescindible para que el trabajo de los agentes sea eficaz y, sobre todo, cuente con el respaldo adecuado a lo delicado de su misión. Una ley que, por una parte, debe contribuir a garantizar la custodia y la vigilancia en nuestras fronteras, pero por otra garantizar los derechos humanos de los inmigrantes.

Sobre el papel todo el mundo parece estar de acuerdo, pero los problemas aparecen cuando se llega a la concreción. Por ejemplo: ¿qué se entiende por una devolución en caliente? El Ministerio del Interior sostiene que esa figura no se utiliza en España, aunque en las imágenes de la tragedia de Ceuta se ve cómo subsaharianos recién llegados a la playa del Tarajal son devueltos por la valla a Marruecos sin más trámites.

Por tanto, primero hay que definir cuándo se considera que un inmigrante ha entrado en España en términos jurídicos: ¿simplemente cuando pone un pie en nuestro territorio? Porque si es así, es evidente que lo que hubo en Ceuta fue una expulsión en caliente.

Interior cree que esas expulsiones se deben permitir, por ejemplo, si un inmigrante irregular es sorprendido en el terreno entre vallas, en el caso del medio terrestre. En el caso del mar, ese concepto habría que trasladarlo a la primera línea de playa. Y si eso es así, como sostiene el Gobierno, en Ceuta no hubo expulsiones en caliente, sino rechazos en frontera.

Es básico, por tanto, aclarar conceptos, hacer una normativa precisa y que las Fuerzas de Seguridad sepan a qué atenerse. Y dado que se trata de una política de estado, lo razonable sería que se llegara a un acuerdo político. ¿Será posible? Sobre eso todavía hay más dudas.