EL salto masivo por quinientos inmigrantes de la valla de Melilla el martes, los doscientos que lo intentaron el domingo; las oleadas de hasta 1.500 que se produjeron el 4 de marzo, la tragedia de la playa del Tarajal de Ceuta, con al menos 15 fallecidos el pasado 6 de febrero… las últimas de Lampedusa – 366 inmigrantes ahogados el 3 de octubre, más de 70 muertos y desaparecidos 8 días después – y el Canal de Sicilia, donde se han contabilizado 6.200 muertos en diez años… también las cifras de los que consiguen llegar a Europa (35.000 en los primeros seis meses de 2013) o de quienes aún esperan hacerlo (los ilegales que deambulan por Marruecos y Mauritania se cifran en 50.000) son más que evidencias del fracaso de las políticas de contención migratoria de la Unión Europea y el Estado español. Ni la valla, ni las nuevas cámaras de vigilancia, ni las tristemente célebres concertinas, ni el aumento de 120 agentes policiales previsto para Melilla por el ministro Fernández Díaz, ni la exigencia de mayor participación a otros países en el despliegue de Frontex, ni la regularización de las devoluciones en caliente que se pretende lograr en la reunión hispano – marroquí del día 26… sirven para contener los efectos del histórico incumplimiento de los principios de solidaridad y responsabilidad contemplados en el Programa de Estocolmo e incluidos en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado el 24 de setiembre de 2008. Un lustro después, Europa, el mundo desarrollado, sigue distante el drama que resulta de limitar sus políticas frente a la inmigración a la vigilancia, al control de los flujos de irregulares o, en su caso, a las políticas de repatriación; que se ocultan a una conciencia social solo sacudida por cada nueva tragedia. Un lustro después, Europa sigue sin combatir adecuadamente y en colaboración con los países de tránsito las mafias que dominan las rutas de la inmigración ilegal. Y está aún ausente de entre las prioridades europeas la colaboración con los países no comunitarios de origen para favorecer sinergias y desarrollo y prevenir la inmigración masiva a través de la construcción de capacidad. Tampoco existe una política adecuada de retorno que favorezca ese desarrollo. Muy al contrario, se permite, si no se fomenta, la explotación de la mano de obra ilegal resultante de esa inmigración y de los recursos en sus países de origen, lo que impulsa el desesperado asalto a nuestras fronteras.