ASÍ no podemos seguir”. La exclamación del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, resume no sólo la situación límite del centro de estancia temporal de la ciudad autónoma –ha cuadruplicado su capacidad tras la entrada masiva de cerca de 500 inmigrantes del pasado martes–, sino que sirve para definir la gran tragedia humana que representa la presión migratoria hacia Europa. El mismo martes el servicio de salvamento marítimo rescataba a 25 inmigrantes que viajaban en dos pateras al sur del cabo de Palos, la Marina italiana hacía lo propio con otros 596 inmigrantes –entre ellos, 62 menores– que se encontraban en varias embarcaciones al sur de Lampedusa, y en el mar Egeo la guardia costera de Grecia daba cuenta de la muerte de siete personas que intentaban llegar a la isla de Lesbos.

Es evidente que la dimensión del problema exige una respuesta coordinada del conjunto de la Unión Europea no sólo en el plano de la seguridad y la asistencia humanitaria, sino también en las políticas de ayuda al desarrollo endógeno de los países de origen de la inmigración. Esta debería ser una de la prioridades de la nueva Comisión Europea que surja tras las elecciones a la Eurocámara del 25 de mayo, en las que por primera vez los electores podrán designar con su voto al candidato llamado a presidirla. Entre tanto, las fuerzas políticas españolas deberían predicar con el ejemplo de puertas adentro: si quieren que Europa asuma como propia esta tragedia migratoria, deben comenzar por buscar puntos de acuerdo y consensuar una política de Estado en materia de inmigración.

Desde esta perspectiva, el hecho de que el líder del primer partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, haya ejercido la tarea de ministro del Interior es un factor relevante que puede facilitar la consecución del pacto que propone el actual ministro, Jorge Fernández Díaz. Esta necesaria política de Estado en materia de inmigración debe ser compatible con la transparencia y la eventual asunción de responsabilidades en el debate abierto sobre las circunstancias de la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos el 6 de febrero pasado en Ceuta. En esta línea hay que situar la comparecencia de ayer del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ante la comisión correspondiente del Congreso, en la que reconoció que agentes de la Guardia Civil lanzaron 145 pelotas de goma y cinco botes de humo desde la playa del Tarajal.

Mientras, como apuntó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, “es un buen momento para conocer las opiniones de cada uno y su posición”, el paso previo obligado para la consecución de este pacto de Estado sobre inmigración. El acuerdo, como hemos apuntado, reforzaría la posición española en la UE y debería abarcar no sólo los aspectos ligados a la seguridad, sino también las medidas de carácter humanitario y estructural que la alarma migratoria reclama.

Porque España y el conjunto de Europa, como recordó el papa Francisco en su visita a Lampedusa, no pueden alentar la “globalización de la indiferencia”. Es verdad, como dijo en su día un primer ministro francés referido al Hexágono, que Europa no puede acoger toda la miseria del mundo, pero también es cierto que algo falla en el imaginario colectivo europeo cuando interpretamos en clave de amenaza y no de tragedia la acción desesperada de unas personas que arriesgan sus vidas para alcanzar el sueño europeo.