La inmigración irregular es un problema con múltiples aristas, sin soluciones mágicas. En lo que coinciden todos los expertos consultados – juristas, profesores universitarios y oenegés – es que no se puede abordar de una manera eficaz sin la implicación de Bruselas.

Marco político

Un gran pacto no solo de un Estado. «Las posibles soluciones deben ser diseñadas desde una perspectiva global. Hacerlo de otra manera es una operación abocada al fracaso». Es la opinión de Pascual Aguelo Navarro, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. El análisis lo comparte Eduard Sagarra Trías, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España, para quien el consenso debe estar abierto no solo a partidos sino «a toda la sociedad e instituciones españolas, y al resto de los Estados europeos».

Mayor papel de la UE

Costes compartidos y esfuerzos comunes. Ceuta y Melilla son la puerta de Europa, de la misma manera que lo es Lampedusa. Y por ello, «ni Italia, ni Grecia, ni España pueden afrontar solas el problema. Es necesaria una verdadera política común de todos los Estados», reclama Sagarra. Uno de los aspectos esenciales está en contar con un «derecho migratorio europeo homogéneo, que permita actuar coherentemente en todo el espacio de UE», reclama Aguelo. Los expertos también comparten que Bruselas tiene que asumir parte de los costes derivados de la seguridad en las fronteras «que hay que defenderlas con los medios que sean necesarios en cada momento para garantizar la seguridad», según Manuel Richard, profesor de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, y miembro del grupo transfronterizo sobre tráfico ilegal e inmigración de personas. Y utiliza una metáfora para argumentar su afirmación. «No hay nada peor que vivir en el limbo», dice en referencia a la situación que soportan los simpapeles tras cruzar la frontera.

Cooperación internacional

Fondos, pero con el máximo control. Ayudar al desarrollo en los países de origen de la inmigración irregular es una máxima asumida por todos los que directa o indirectamente tienen alguna relación con el problema. «Sin cooperación internacional, sin dinero, es muy difícil abordarlo», reconoce Mikel Mazkiaran, de Sos Racismo. «Es la única salida a la afluencia masiva de personas que buscan un medio de subsistencia digno para ellos y sus familias», comparte Sagarra, quien propone establecer mecanismos estrictos para controlar el destino de los fondos de cooperación y evitar la financiación de Gobiernos corruptos y dictaduras. La concesión de ayudas para el fomento del retorno voluntario de los inmigrantes irregulares a sus países de origen desde otros de tránsito, en colaboración con la Organización Internacional de Migraciones, es otra medida con amplio respaldo entre las oenegés.

Lucha policial

Control supranacional de las mafias. Son las grandes beneficiadas, porque el tráfico irregular de personas es un gran negocio en el que rige el lema de «cuanto peor, mejor», porque a mayores dificultades, mayor beneficio. «Las mafias conocen las debilidades y flaquezas del sistema europeo para afrontar la inmigración y actúan en consecuencia. Cualquier desliz en este sentido se convierte en una plusvalía para ellos», en opinión de Sagarra, quien aboga por una mayor cooperación policial internacional para combatir esas redes.