El PSOE está dispuesto a sentarse con el Gobierno y con los demás partidos para negociar un pacto de Estado de inmigración. Pero no antes de que el Ejecutivo depure responsabilidades y ponga encima de la mesa la cabeza de alguno de los responsables de los sucesos de Ceuta del pasado 6 de febrero, cuando fallecieron 15 inmigrantes que intentaban llegar a nado a la costa española. En concreto, los socialistas apuntan al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

De hecho, el PSOE plantea su destitución –o, en su defecto, la del delegado del Gobierno en Ceuta– como condición para seguir hablando de inmigración. El principal partido de la oposición no considera esta tragedia «un incidente fruto de la aplicación de la Ley de Extranjería», como dijo el Ejecutivo, sino «unos sucesos gravísimos que exigen depurar responsabilidades».

En medios del Grupo Popular y del Gobierno se expresaba también un profundo malestar por los recurrentes «errores» del director general, que han tenido que ser asumidos por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Primero por los sucesos de Ceuta y ahora también por el homenaje del hijo del teniente coronel Tejero, que conmemoró el 23-F en su cuartel de Valdemoro (Madrid) hace un mes sin que el director general se enterara o lo hubiera comunicado al ministro del Interior.

Fuentes gubernamentales y de la dirección del Grupo Popular descartaban ayer la destitución de Fernández de Mesa, pero admitían que su gestión «no ayuda» y daban por hecho que estos tropiezos figurarán en su haber para el futuro.

El Grupo Socialista pidió el aplazamiento de la moción sobre inmigración que se iba a debatir ayer en el Pleno del Congreso. En la misma, el PSOE exige que se depuren responsabilidades por lo acontecido en Ceuta.

Hoy comparecerá en la Comisión de Interior el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y los socialistas quieren conocer sus explicaciones antes de seguir adelante con su ofensiva parlamentaria. El alto cargo se ha comprometido a llevar a la Cámara toda la documentación sobre lo que ocurrió aquella fatídica madrugada, incluidos nuevos informes, material audiovisual y documentación inédita, como las comunicaciones entre los agentes durante el intento de entrada de los inmigrantes subsaharianos.

La oposición confía en que todo eso esclarezca quién dio la orden de que se disparara con balas de goma al agua mientras los inmigrantes intentaban llegar a la playa. Y que después se depuren responsabilidades.

La postura de los socialistas ha variado desde su intención inicial de reprobar al propio ministro del Interior, Jorge Fernández, hasta la actual de esperar a que se produzca la citada comparecencia para tomar una decisión e incluso para recoger el guante que el ministro les ha lanzado para alcanzar un pacto de Estado.

En este sentido, la llegada masiva de inmigrantes ayer a Melilla volvió a empujar a Fernández Díaz a reclamar el acuerdo. Sin embargo, en el Ejecutivo y en las filas del PP son conscientes de que algunas de las decisiones del director de la Guardia Civil son un obstáculo para abordar este problema.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, puso en valor que «por primera vez el Gobierno haya cedido ante una exigencia de investigación y de información en el Congreso».

Tras esta comparecencia, y después de las responsabilidades que se podrían depurar, los socialistas se sentarían sin problemas con el Ejecutivo para diseñar una política de inmigración y defenderla ante la Comisión Europea y los socios comunitarios con más fuerza.

Eso sí, el PSOE plantea tres ejes en los que exige una rectificación. En primer lugar, pide la retirada de las concertinas –las verjas cuajadas de cuchillas– de Ceuta y Melilla. Después, rechaza la llamada devolución en caliente que, según defienden los socialistas, es absolutamente ilegal. Y por último, piden «recomponer la política de cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración».