fueron los grandes ganadores del boom económico, pero hoy todo ha cambiado en un movimiento pendular vertiginoso. De la noche a la mañana, en un visto y no visto, las poblaciones inmigradas son uno de los colectivos que encarnan con mayor desgarro las dificultades existenciales de una sociedad sometida a unos durísimos test de estrés de supervivencia.

Lo que comenzó como una crisis financiera y después laboral se ha convertido en una crisis social que amenaza con crear una importante fractura dado que se están cronificando en una situación de extrema gravedad no pocas personas.

El impacto que la crisis socioeconómica está teniendo sobre los miembros del colectivo extranjero va recrudeciéndose conforme se dilata en el tiempo la salida de la misma. Todos los indicadores sociales, laborales, económicos, etcétera, referidos a la población extranjera, empeoran. Desgraciadamente la relación existente entre tu lugar de origen y el riesgo de exclusión es, como se deduce, estrecha. Y más estrecha aún si pensamos en la inmigración irregular.

Es cierto que la crisis ha ralentizado el flujo migratorio, conteniendo la entrada de población extranjera en España pero ésta, aun en menor intensidad que en los primeros años de la década pasada, se sigue dando, lo que da lugar al asentamiento de varios miles de personas cada año en la Comunidad Foral, aunque el saldo migratorio, en los dos últimos años, haya tenido un sesgo ligeramente negativo.

De acuerdo con los últimos datos el padrón municipal, la población extranjera residente en Navarra supone un 10,5% con respecto al total de la población de la Comunidad Foral, porcentaje que aumenta hasta llegar a alrededor del 14% si se toma en consideración el país de origen de la población asentada en Navarra. Son 90.073 personas las que conforman las poblaciones inmigradas.

Esta crisis nos permite visibilizar en toda su crudeza los efectos de una fragmentación social injusta que genera individuos condenados a la subsistencia. Baste con reseñar 4 ó 5 indicadores para ilustrar un diagnóstico de situación preocupante cuyas secuelas subsistirán y serán perceptibles durante largo tiempo.

En el ámbito laboral, la tasa de desempleo de la población extranjera es 3 veces más alta que la de la población autóctona (38% frente al 13,2%). Se han perdido 4 de cada 10 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. Y es que fueron los últimos en acceder a nuestro mercado laboral y los primeros en ser expulsados del mismo. Por esta razón generaron pocos derechos. Su índice de cobertura de prestaciones es alarmántemente bajo. Han dejado de percibir prestaciones y subsidios. La renta de inclusión social es su única tabla de salvación aunque los cambios normativos han dejado fuera a la inmigración irregular y dificultado el acceso y la al resto.

Si nos fijamos en el acceso a la vivienda, asistimos atónitos cómo más del 75% de los desahuciados en Navarra son extranjeros. En Fundación Anafe nos encontramos con cada vez mayor frecuencia con unidades familiares en situación de exclusión residencial grave debido a que su situación económica no les permite tener acceso a actuaciones protegibles en materia de vivienda o al mercado inmobiliario libre. Desgraciadamente han vuelto a darse las situaciones que ya conocimos en los primeros años de la inmigración y que se caracterizaban por la utilización de infraviviendas, hacinamiento, y una sobrerepresentación creciente del colectivo en su distribución espacial en determinadas zonas.

En el ámbito educativo, las estadísticas reflejan que se produce una segregación por modelos lingüísticos y centros. No es gratuito pensar que el abandono temprano de los estudios y fracaso escolar de hoy proyectará una realidad generacional donde el concepto de igualdad de oportunidades brilla por su ausencia.

En salud, los cambios normativos están generando dificultades de acceso al sistema de salud cercenando con ello una visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario que garantiza la cobertura sanitaria pública a toda persona que habita en territorio español.

Si a todo esto añadimos que en el caso de las poblaciones inmigradas nos encontramos con factores exclusógenos específicos como la falta de arraigo, desconocimiento del idioma, prejuicios culturales, etcétera, estamos generando las condiciones que pueden posibilitar, al menos como hipótesis de trabajo, una ciclogénesis social que tendrá como epicentro a este colectivo tal y como ha pasado en otros lugares (Francia en 2005, Italia o los más recientes ocurridos en Londres en 2011 quizás no estén tan lejos como nos pensamos).

Y frente a este escenario, complejo y difícil, pero no necesariamente invariable, cabe preguntarse si estamos dispuestos a hacer algo para cambiarlo. Yo pienso que sí o sí. No cabe otra respuesta. Es necesario implementar políticas y recursos específicos que refuercen la atención al colectivo con las miras puestas en recortar la distancia de partida con respecto a otros, intentando favorecer una igualdad de oportunidades hoy tan en entredicho. Es necesario pulir las imperfecciones de la sociedad actual. La inmigración plantea, básicamente, la necesidad de adaptar los servicios públicos del Estado de bienestar a una nueva realidad poblacional, más numerosa, más diversa y más plural. Dichos servicios deberán estar dotados de recursos suficientes para poder dar respuestas adecuadas a las necesidades de la nueva ciudadanía y de la sociedad en su conjunto.

Es necesario revisar y repensar las distintas estrategias y planes de intervención con los que actualmente trabajamos y acomodar respuestas concretas ante esta situación de emergencia social. Debemos poner las bases para una nueva política o estrategia de integración social cuyos principios rectores estén orientados a favorecer los procesos de incorporación social y por tanto la inclusión social entendida como un proceso que asegure que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social, política y cultural, así como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven.

El reconocimiento de esta realidad, de estas especificidades y particularidades de las poblaciones inmigradas, supone el primer paso para afrontar el reto actual de la integración.

El autor es sociólogo y director de la Fundación Anafe – CCOO