Las víctimas del terrorismo respiraron ayer aliviadas tras la expulsión a Marruecos del condenado por el 11-M Rafá Zouhier. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, expresó el alivio del colectivo. Según un comunicado de la FVT, las víctimas están satisfechas por la decisión del Ministerio del Interior de expulsar a Zouhier después de haber sido puesto en libertad al haber cumplido la condena de 10 años de cárcel que le fue impuesta por suministrar los explosivos con los que se perpetraron los atentados. El colectivo de víctimas había pedido su salida de España.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se puso ayer en contacto con Mari Mar Blanco y con las presidentas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, para informarles de esa expulsión.

Blanco consideró que esta medida, que había sido solicitada por las propias víctimas, supone un «alivio ante lo que hubiera representado la presencia de Zouhier en España, tal y como pretendía el condenado» por los atentados.

Pilar Manjón también se mostró aliviada y satisfecha. «Aliviados, satisfechos y felices como toda nuestra ciudadanía porque el riesgo social que suponía está en Marruecos y no volverá a hacer ni trapicheos con droga en nuestro país, ni volverá a conseguir explosivos para ningún otro atentado», manifestó Manjón en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Zouhier abandonó de madrugada la cárcel de Puerto 1 (Cádiz) en un furgón policial. Después, fue trasladado en un avión hasta Tánger (Marruecos). Este domingo terminaba de cumplir su condena de 10 años de prisión por su relación con los atentados.

Así, se ha cumplido el deseo previamente manifestado por las víctimas, que solicitaron la expulsión inmediata de Zouhier. También el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz había manifestado la voluntad de que fuese expulsado nada más recobrar la libertad.

Sin embargo, su abogado, Antonio Alberca, denunció ayer que se han conculcado «derechos fundamentales» del marroquí y que su expulsión de madrugada tras salir de prisión ha sido «irregular».

El letrado opinó que con el proceso de expulsión se ha tratado de «evitar el control jurisdiccional» de la situación, tal y como él hubiera deseado. Antonio Alberca explicó que a Zouhier se le debería haber aplicado el régimen de ciudadanos comunitarios o familiares de éstos, ya que desde hace unos meses está casado con una mujer española.

Según esta normativa, el marroquí habría tenido un plazo de un mes para abandonar voluntariamente el territorio español, salvo en «casos de urgencia debidamente justificada», destacó.