Tras las 15 muertes

Las ONG podrán acceder a los centros de inmigrantes

Los internos se identificarán por su nombre y se limita el papel de la Policía

Diario de noticias de Alava, 15-03-2014

madrid – El Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que regula las condiciones de los internos en estas instalaciones policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país. Este documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010. Así, tras pasar por el Consejo de Estado, el Gobierno dio luz verde a este texto que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “cubre un vacío legal” e incorpora las recomendaciones “esenciales” de este órgano consultivo. Asimismo, destacó el papel que otorga a las ONG “comprometidas” con la atención a este colectivo, a las que se permite el acceso a estos centros.

En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa ronda se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado emitió su dictamen.

recomendaciones Este órgano realizó una serie de recomendaciones y una observación esencial, como es la de garantizar el derecho de los inmigrantes recluidos en estos centros a recibir la asistencia médica y sanitaria “necesaria”. A su juicio, el borrador restringía este derecho que confiere la Ley de Extranjería. El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número.

quejas El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos. Además, las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz afirmó ayer que el Gobierno ha intentado obtener “el máximo nivel consenso posible” para elaborar este reglamento, que “contiene todas las garantías jurídicas que exige un texto de estas características que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, en este caso los inmigrantes ”.

Asimismo, insistió en que tanto el ingreso como la estancia están bajo control judicial, de manera que “los internos gozan en todo momento de garantías jurídicas y del respeto de sus derechos fundamentales”, conforme a la legislación española, comunitaria e internacional. Fernández Díaz destacó que a diferencia de otros países europeos, donde la estancia de los inmigrantes en los CIE puede llegar a los 18 meses, en España está limitada a 60 días, aunque la media de permanencia es de 22 o 23 días. – E.P.

apuntes

Lesiones traumáticas. El colectivo Caminando Fronteras aseguró ayer en un informe que al menos quince de los inmigrantes que intentaron entrar en grupo en Ceuta sufrieron

“lesiones traumáticas”.

La Guardia Civil les negó el auxilio. Un informe a partir de 28 testimonios de supervivientes a la tragedia de Ceuta revela que los agentes dispararon pelotas de goma y botes de humo contra los inmigrantes y les negaron auxilio.

Nuevo informe del Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ofrecerá el miércoles en el Congreso más informes de la tragedia de Ceuta.

España no expulsa a la mitad de los inmigrantes . En torno a la mitad de los inmigrantes que pasan por alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros no son expulsados, según la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería.l

La frase

El ministro del Interior afirmó ayer que “mientras no se demuestre lo contrario, no hay ninguna razón por la que exigir responsabilidades” a la Guardia Civil.

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