El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán actuando en Ceuta de la misma forma en que lo hicieron el pasado 6 de febrero cuando un intento de entrada por la playa del Tarajal le costó la vida a 15 jóvenes subsaharianos.

González Pérez dice que todos los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular y se intercepten “en las inmediaciones de la frontera” de la ciudad autónoma, serán expulsados del territorio español y entregados a las autoridades marroquíes “en aplicación de lo previsto en la ley de Extranjería”

El delegado insiste en que los protocolos de actuación de la Guardia Civil en frontera “no los dicta el delegado del Gobierno ni ningún político”, sino que es terreno exclusivo del "Estado Mayor de la Benemérita, sus tenientes generales y sus generales, que son quienes piensan, desarrollan y escriben esas instrucciones técnicas”, por lo que desvincula al Gobierno de toda actuación en frontera realizada por las Fuerzas Españolas.

De acuerdo con esta pauta de actuación expuesta por el delegado del Gobierno, la Guardia Civil no volverá a efectuar el traslado a la Jefatura Superior de Policía y posterior ingreso en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de ningún inmigrante que haya entrado o esté entrando en Ceuta de forma irregular, como se hiciera el pasado 17 de septiembre con los 90 subsaharianos que, tras un intento de salto grupal en el que participaron unas 350 personas, lograron superar el espigón fronterizo y pisar suelo español en la playa del Tarajal.

González Peréz recalca que el “rechazo” inmediato de los inmigrantes a Marruecos, que tanto el Gobierno como la Guardia Civil se niega a llamar ‘devolución en caliente’, es el procedimiento de actuación lógico y el que se va a desarrollar en todos los casos.

“En este escenario, al igual que para la valla terrestre, los intentos de entrada ilegal sólo quedan consumados cuando el inmigrante ilegal rebasa la línea de vigilancia establecida quedando, por tanto, sujeto al régimen general de extranjería”, señala el informe del Instituto Armado sobre los incidentes del pasado 6 de febrero en el Tarajal. Un supuesto que, según corrobora el delegado del Gobierno, en contra de las declaraciones del ministro del Interior, sí sería de aplicación en “otras playas” de la ciudad autónoma.