El debate sobre los sucesos de Ceuta habido el pasado miércoles en el Congreso abrió la puerta a un posible acuerdo de Estado entre el Gobierno y el PSOE para afrontar el problema de la emigración irregular. Aunque no hay nada definitivo, la tensión se ha rebajado y hay una posibilidad de que los dos grandes partidos puedan alcanzar algún tipo de entendimiento sobre la cuestión.
Es digno de reconocimiento que socialistas y populares puedan establecer las bases de la política que hay que aplicar ante un problema que se arrastra desde hace años y que seguirá estando presente durante mucho más tiempo. El PSOE tuvo que afrontarlo en su momento y ahora le toca al PP. En el futuro le volverá a tocar al que gobierne. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando ocupó el Ministerio del Interior se tuvo que emplear a fondo para hacer frente a la llegada masiva de cayucos a Canarias con emigrantes de la costa africana. Tuvo que combinar la puesta en marcha nuevos mecanismos de seguridad con el recurso a los instrumentos diplomáticos y económicos en los países de la zona para atajar aquel problema. La cuestión no se arregló de la noche a la mañana, pero el resultado final, visto con suficiente perspectiva, fue un éxito cuyos efectos favorables todavía perduran.
No es de extrañar que cuando se sabe de primera mano las dificultades de afrontar ciertos problemas desde el Gobierno, como ocurre con Alfredo Pérez Rubalcaba, haya una proclividad hacia el pacto de Estado y el entendimiento en las cuestiones fundamentales. El problema para alcanzar esos acuerdos no es tanto el líder del PSOE, como una parte no desdeñable de las bases de este partido que rechazan cualquier acercamiento al Gobierno del PP, un partido al que tienen estigmatizado y hacia el que sólo se plantea el enfrentamiento frontal, sin margen para entendimientos ocasionales.
El caso reciente de Navarra ha puesto de manifiesto la existencia de esas diferencias en las filas socialistas. La dirección del PSOE vetó la moción de censura que planteaba el PSN, entre otros motivos porque las acusaciones iniciales contra la presidenta de Navarra no se habían confirmado y, además, había que ir de la mano de Bildu. La decisión de Ferraz no fue comprendida ni por el PSN ni por otros sectores del PSOE. Sin un Rubalcaba al frente del socialismo puede que a estas horas estuviera en marcha la moción de censura a Yolanda Barcina. Ahí está, por ejemplo, el pronunciamiento de Eduardo Madina a favor de esa censura.

Los pactos con el Gobierno, sea cual sea el contenido, suponen un desgaste del secretario general del PSOE ante una parte de sus propias bases que quieren ser mucho más beligerantes con el PP, espoleadas por el ambiente de radicalización de la calle o por una forma de hacer política mucho más visceral que la de los líderes tradicionales.