‘Informe incidentes frontera de Ceuta día 6 de febrero’. Un título con eufemismos para explicar la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal cuando intentaban entrar en territorio español. Este periódico ha tenido acceso al informe completo realizado el 8 de febrero por el número dos de la Guardia Civil, el teniente general Cándido Cardiel Ojer, sobre aquella tragedia que había tenido lugar solo 48 horas antes. Un atestado, con su espacio de ‘conclusiones’, que el subdirector remitió al director del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa. En ese documento el mando asegura de manera tajante y antes de cualquier investigación judicial que todos «los inmigrantes fallecidos lo fueron en territorio o aguas marroquíes, siendo la causa probable el ahogamiento derivado de la avalancha humana que llevó a los inmigrantes hacia el mar».

Es más, el teniente general, siguiendo a pies juntillas los informes previos de la comandancia (llega a reproducir frases textuales de sus subordinados), exculpa a todos sus hombres solo horas después de la tragedia y sin que haya habido una investigación exhaustiva. «No hay relación causa efecto entre el empleo de los medios antidisturbios por parte de los agentes de la Guardia Civil y dichos fallecimientos», apunta el subdirector.

Y más conclusiones de la cúpula del instituto armado sin esperar al resultado de la investigación penal que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 8 de Ceuta. A pesar de la confusión que todavía envuelve aquellos hechos que involucraron a más de 200 inmigrantes y a decenas de funcionarios marroquíes y españoles, el número dos del instituto armado asegura en su atestado que «no consta que en territorio español se produjese lesionado ni víctima alguna, consecuencia lógica de no haberse dirigido la acción antidisturbios directamente sobre los inmigrantes».

Otra de las conclusiones del informe que firma de su puño y letra el teniente general es igualmente llamativa: aunque las imágenes difundidas muestran claramente como un grupo nutrido de subsaharianos llegó a la playa de Ceuta, ninguno de ellos entró en España. Es más, el propio subdirector admite que «un grupo de inmigrantes, aunque extenuados, llegó a la parte española de la playa». Sin embargo, la Guardia Civil interpreta que la playa no es territorio nacional y por eso no fue una «devolución en caliente» de esos 23 extranjeros que estaban ya en la arena. La explicación de la subdirección del instituto armado es muy confusa y cuanto menos jurídicamente muy controvertida: habla de una suerte de fronteras móviles o elásticas.

«En el intento de asalto masivo del día 6 no se consumó ninguna entrada ilegal de inmigrantes en territorio nacional, a efectos del régimen general de extranjería, en tanto en cuanto ni en la valla terrestre ni en la línea de vigilancia establecida en la lengua de agua en la playa del espigón, ningún inmigrante rebasó dichas líneas. No estando, por tanto, ante un supuesto de devolución en caliente», apunta el documento.

Desde 2005

Esta particular interpretación de las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla explica el subdirector de la Guardia Civil se viene realizando desde 2005, cuando se produjeron los primeros asaltos masivos. «En el mar no existe ni vallado ni señalización que delimiten un país del otro», apunta el teniente general. «En estas circunstancias, el Estado, mediante una decisión libre y soberana, retrotrae la línea de vigilancia y contención hasta un escenario seguro, que no es otro que la tierra firme», abunda en su teoría.

En este escenario, según explica el documento de la Guardia Civil, aunque los extranjeros lleguen a tierra firme «no constituye una entrada ilegal en territorio nacional, la cual solo queda consumada cuando el inmigrante ilegal rebasa la línea de vigilancia establecida quedando, por tanto, sujeto al régimen general de extranjería».

«Sin duda alguna apunta es preferible esperar a los inmigrantes en la orilla para que cuando éstos salgan del agua, en ausencia de peligro alguno para su integridad, proceder de forma inmediata a su rechazo». El número dos de la Guardia Civil califica esta forma de entender los límites territoriales como «concepto operativo de vigilancia de fronteras» e insiste en que es el Estado, en una decisión libre y soberana, el que decide, ya sea en tierra con una valla o en el mar con una línea imaginaria, dónde «delimita, a los solos efectos del régimen de extranjería, el territorio nacional».

Más allá de esta interpretación jurídica controvertida, el informe reconoce sin ambages que la Guardia Civil sí que usó material antidisturbios contra los 23 inmigrantes que estaban en el mar, aunque no directamente contra ellos, porque cuando los extranjeros ya se encontraban cerca de la orillas «se dio la orden tajante e inmediata de cesar el lanzamiento de medios».