Hemos conseguido abortar esta operación, pero hay que estar alerta porque este tipo de delitos, en los que se utilizan a personas en situación de pobreza, están creciendo y ningún país es inmune, ni siquiera España por muchas medidas de control que tengamos”. Con estas palabras resumía el responsable de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, la operación policial que ha impedido la compraventa de órganos, desarrollada en Valencia –aunque el trasplante se realizó en Barcelona–, y que se ha saldado con la detención de cinco personas, entre ellas, el receptor del hígado, un acaudalado político libanés de 61 años.
EMILIA GUTIÉRREZ
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y Rafael Matesanz (ONT) con mandos de Valencia
También de dos ciudadanos palestino y libanés residentes en España, que realizaron las labores de captación de hasta nueve inmigrantes simpapeles como posibles donantes, y otros dos libaneses, familiares del receptor. Estos últimos regentan una empresa en Alicante que se encargó de pagar las pruebas médicas a los candidatos a donar un trozo de su hígado a cambio de 40.000 euros. Les acusan de un delito de tráfico de órganos y colaboración, con penas de cárcel de hasta 12 años.
Dos historias paralelas que al final se unen, impidiendo primero que se lleve a cabo la compraventa de órganos y, segundo, la detención de los implicados. La primera se inicia en Barcelona, en el hospital Clínic, donde llegan el ciudadano libanés acompañado de un joven rumano, que según decía le iba a donar una parte de su hígado de manera voluntaria. Como establece el protocolo, se realiza una entrevista con el coordinador de trasplantes (ver información anexa) que no le admite como donante, aunque le proponen la opción de un familiar. El trasplante –este completamente legal– se realiza en agosto del 2013.
Unos meses antes, en Valencia, la presidenta de una oenegé acude a la Policía: una joven argelina de 28 años, embarazada, le relató que le habían ofrecido 40.000 euros por donar parte de su hígado. La Policía comenzó entonces la investigación y comprobó que no había sido la única con la que habían contactado: otros 8 inmigrantes simpapeles, sin recursos y en situación de desamparo y pobreza habían recibido una invitación por parte de un ciudadano libanés y un palestino (residentes en España desde hacía décadas) para donar una parte del hígado y cobrar los 40.000 euros.
Las investigaciones condujeron hasta una clínica privada en Valencia, la clínica Quirón, donde fueron trasladados los inmigrantes para “realizarles unos chequeos médicos a unas personas que viajaban”, según indicaron los intermediarios a los responsables de la clínica, que en ningún momento dio la voz de alarma de que aparecieran por su centro 9 personas en un corto espacio de tiempo para realizarse unas pruebas muy específicas, como resonancias abdominales, TCA abdominales o volumetrías hepáticas, “pruebas sólo indicadas para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado”, tal y como reconocen los agentes. En la clínica, realizaron estas pruebas previo pago de 12.000 euros que costeó una empresa de Alicante, regentada por familiares del receptor.
Ningún responsable de la clínica está implicado, tal y como reconoció el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al no encontrarse pruebas de su colaboración en esta trama de compraventas: ellos se limitaron a hacer las pruebas médicas y a cobrarlas, indicó Cosidó. No tenían por
qué detectar o sospechar que estos chequeos tuvieran relación con una trama de compra-venta de órganos, indicó Ester Maldonado, de la Policía de Valencia.
Esas pruebas muestran cuál es el donante ideal y de ahí se descartó a la mujer argelina, porque se descubrió su embarazo. También a una española, que podría ser apta, pero cuya condición femenina (con un hígado más pequeño) hacían más difícil la operación. Entre las víctimas, también había marroquíes, aunque al final sólo uno fue considerado apto para la donación, el joven rumano. La Policía ya había identificado a los intermediarios que captaban a los inmigrantes y a la empresa que colaboraba en la compra del hígado, pero nada sabían de quién era el receptor.
Durante la investigación, la Policía contactó con la ONT para que les ayudara en el complejo mundo de los trasplantes y donaciones. Fue entonces, cuando desde la organización que dirige Matesanz se pusieron en contacto con los únicos tres hospitales que en España realizan trasplantes de hígado de vivo (Navarra, el Doce de Octubre de Madrid y el Clínic de Barcelona). Fue este último el que identificó al ciudadano libanés, quien apareció con un joven rumano dispuesto a donar y que fue rechazado por las dudas más que razonables de que pudiera haber dinero de por medio.
En enero de este año, la Policía se apostó en el aeropuerto de Manises (Valencia), donde aterrizaría el vuelo que traía al político libanés de regreso a España para una revisión en el Clínic (aterrizó en Valencia porque allí estaban sus familiares), tal y como comunicaron desde el centro hospitalario. Y allí mismo fue detenido. Posteriormente fueron detenidas las otras cuatro personas implicadas.

Desde la Policía y desde la ONT se asegura que este es el primer caso de intento de compraventa de donantes, aunque, en opinión de Matesanz, la situación de crisis favorece este tipo de delitos, “una verdadera lacra del siglo XXI”, como definió: las graves desigualdades sociales que están causando la crisis facilita la explotación de los más débiles y desamparados. De las víctimas, poco se sabe. Que regresaron cada una a su vida dedicada a sobrevivir y que “alguno” cobró “unos pocos euros” por hacerse las pruebas médicas.