“Es un peligro emergente en todo el mundo y las mafias de tráfico de órganos explotan a la parte más débil de la sociedad”

Madrid – Un acaudalado ciudadano libanés necesitado de un trasplante de hígado ha sido detenido, junto a otros cuatro individuos, tras intentar sin éxito, que le realizaran la intervención con donantes supuestamente voluntarios captados en el Estado español. Esta operación, coordinada por Agentes de la Policía en la Comunidad Valenciana, y que contó con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), consiguió abortar el primer caso detectado en territorio español de intento de compraventa de órganos.

La operación policial, que comenzó en junio de 2013, se cerró con la retención del receptor en el aeropuerto de Manises en Valencia el 3 de enero y del resto de implicados en las dos semanas posteriores. Según comentaron, todos menos el receptor son residentes en España; de ellos uno es de origen palestino y los otros tres, libaneses con vínculos familiares con el receptor.

Todos pasaron a disposición policial y, actualmente, se encuentran en libertad con cargos, y les ha sido retirado el pasaporte por un presunto delito de tráfico de órganos y se enfrentan a penas de hasta doce años de cárcel según tipifica el Código Penal. El proceso será llevado por el Juzgado numero 3 de Valencia, puesto que investigadores de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Valencia son los que realizaron la investigación.

Las donaciones de vivo están autorizadas a pacientes de origen extranjero no así el trasplante de donante fallecido, aunque para ello debe pasar por un “protocolo muy estricto”, con diferentes controles médicos y judiciales para garantizar que la donación se efectúa “sin coacción y sin ningún tipo de condicionante económico”, explicó el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, quien estuvo acompañado por el director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Para un alcalde libanés

El receptor, alcalde de una ciudad libanesa, ayudado de los otros detenidos, llegó a realizar la oferta a nueve personas algunos inmigrantes ilegales y todos con grandes carencias económicas, a las que se ofrecía, si finalmente se llevaba a cabo, hasta 40.000 euros. Para comprobar si eran aptos les costearon las pruebas y análisis médicos previos para comprobar la idoneidad por un valor de 12.000 euros, que fueron pagados por una empresa alicantina cuyos dos responsables se encuentran entre los detenidos.

Las pruebas fueron realizadas en una clínica privada de la que inicialmente no se tiene constancia que fuera conocedora de dicha compraventa ilegal, aunque debido a la complejidad de las pruebas que son necesarias para este tipo de trasplantes, a que todas fueron realizadas en un corto periodo de tiempo y a que se utilizó como excusa la realización de chequeos médicos a turistas tratándose de personas de pocos recursos, será el juzgado el que valore una mayor investigación.

Los posibles donantes ilegales eran dos mujeres una argelina y otra española y siete hombres un rumano y el resto argelinos y marroquíes; todos fueron rechazados a raíz de los análisis médicos, menos el hombre de nacionalidad rumana que llegó a personarse para que se practicara el trasplante, pero fue rechazado por el coordinador de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona al no tener la garantía de que el ciudadano rumano fuera familiar ni allegado al receptor y carecer de pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación. Finalmente el acaudalado libanés fue trasplantado en el hospital barcelonés gracias a su hijo. – E. P.