El «peligro emergente» del tráfico de órganos ha llegado a España –líder mundial en donación y trasplantes– de la forma más perversa. Un político libanés intentó aprovecharse de la desesperación de nueve inmigrantes sin ingresos –la mayoría sin papeles– para comprar un trozo de hígado por 40.000 euros. Sin embargo, el comprador –un acaudalado e «influyente» alcalde con una enfermedad hepática– no logró superar el primer filtro del estricto protocolo de seguridad español de trasplantes y la operación fue rechazada. Aun así, su detención no habría sido posible sin la voz de alarma dada por una ONG gracias al testimonio de una víctima, que permitió a la Policía Nacional arrestar al hombre, de 61 años, y a sus cuatro colaboradores: tres familiares y un palestino residentes en la Comunidad Valenciana.

Se trata del primer caso documentado de tráfico de órganos en España. El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, resaltó ayer en rueda de prensa que nuestra legislación es «de las más estrictas y garantistas» que existen, precisamente para combatir esta «lacra» a la que España ni ningún otro país es «inmune». Por su parte, el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, explicó que este delito ha tenido hasta ahora una incidencia «prácticamente nula».

Los cinco detenidos, que se enfrentan a una condena de hasta 12 años de cárcel, están en libertad con cargos y sin pasaporte mientras se instruye ahora el proceso judicial.

Pese a que hubiera sido más fácil intentarlo en un país menos garantista, el alcalde libanés necesitaba de la experiencia de los médicos españoles para que el trasplante tuviera éxito. Por eso tuvo que buscar su coartada aquí. De hecho, se cree que recomendado desde su propio país.

Una vez llegó a Valencia, se apoyó en sus familiares para buscar entre los inmigrantes más necesitados de los centros religiosos musulmanes y a través de terceras personas. De esta forma, embaucó con su dinero a nueve personas, dos de ellas mujeres, con una oferta de 40.000 euros.

Los nueve candidatos se sometieron a todo tipo de pruebas médicas en junio de 2013 en una clínica privada valenciana para encontrar al donante compatible. Pero pese a que todo transcurrió en «un tiempo estrecho» y de que se trataba de pruebas «muy específicas» –como resonancias abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas–, nadie del centro sospechó nada. Todos ellos se presentaban como turistas que llegaban para hacerse esos reconocimientos. Los 12.000 euros que costaron se pagaron y enmascararon a través de una empresa de Alicante.

Finalmente, el político libanés se presentó en el Hospital Clínic de Barcelona –uno de los tres en España capaces de realizar ese trasplante– con su elección: un ciudadano rumano con el que inventó un lejano vínculo familiar. Como en todos los casos de donación en vida, se llevó a cabo el férreo protocolo de seguridad que, ya en el primer filtro, desmanteló su coartada al no garantizarse lazos familiares o emocionales, así como no haber pruebas de que fuera un gesto altruista. Por tanto, el hospital descartó la intervención, aunque no sugirió ninguna investigación. Fue después cuando la Policía ató cabos. Tenía el testimonio de una de las víctimas a una ONG –una argelina descartada por estar embarazada– y el caso de Barcelona. Por entonces, el comprador ya había logrado el trasplante porque, esta vez sí, el donante compatible que presentó era su propio hijo. Luego regresó al Líbano, pero pudo ser detenido porque volvió a España a una revisión.

Los tres filtros de seguridad
1 . Cara a cara. El modelo español tiene tres pasos para garantizar la seguridad. El primero es una entrevista con el donante y el receptor para detectar si existe una compensación económica de por medio o una coacción.

2 . Informe. Una vez superada la entrevista, el Comité Ético del hospital estudia las particularidades del caso y tiene que emitir un dictamen positivo donde aprueba la intervención.

3 . Juez. El donante debe ratificar ante un juez su voluntad de donar sin condicionante alguno, en presencia del médico que va a efectuar la extracción, el coordinador de trasplantes del hospital y el médico que certificó su estado físico y mental.