«Informe incidentes frontera de Ceuta día 6 de febrero». Un titulo con eufemismos para explicar la muerte de 15 inmigrantes en la playa de El Tarajal cuando intentaban entrar en territorio español. En el informe realizado el 8 de febrero que el director operativo de la Guardia Civil, el teniente general Cándido Cardiel Ojer, remitió al director del cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, se asegura de manera tajante, antes de cualquier investigación judicial, que todos «los inmigrantes fallecidos lo fueron en territorio o aguas marroquíes, siendo la causa probable el ahogamiento derivado de la avalancha humana que llevó a los inmigrantes hacia el mar».

Es más, el teniente general, siguiendo a pies juntillas los informes previos de la comandancia (llega a reproducir frases textuales de sus subordinados), autoexculpa a todos sus hombres solo horas después de la tragedia y sin que haya habido una investigación exhaustiva. «No hay relación causa efecto entre el empleo de los medios antidisturbios por parte de los agentes de la Guardia Civil y dichos fallecimientos», apunta.

A pesar de la confusión que todavía envuelve aquellos hechos que involucraron a más de 200 inmigrantes y a decenas de funcionarios marroquíes y españoles, el número dos del instituto armado asegura en su atestado que «no consta que en territorio español se produjese lesionado ni víctima alguna, consecuencia lógica de no haberse dirigido la acción antidisturbios directamente sobre los inmigrantes».

Otra de las «conclusiones» del informe que firma de su puño y letra el teniente general es igualmente llamativa: aunque el propio Cardiel admite que «un grupo de inmigrantes, aunque extenuados, llegó a la parte española de la playa», interpreta que la playa no es territorio nacional y por eso no fue una «devolución en caliente» de esos 23 extranjeros que estaban ya en la arena. La explicación de la subdirección del instituto armado es muy confusa y cuanto menos jurídicamente muy controvertida: habla de una suerte de fronteras móviles o elásticas. «En el intento de asalto masivo del día 6 no se consumó ninguna entrada ilegal de inmigrantes en territorio nacional, a efectos del régimen general de extranjería, en tanto en cuanto ni en la valla terrestre ni en la línea de vigilancia establecida en la lengua de agua en la playa del espigón, ningún inmigrante rebasó dichas líneas.

Esta particular interpretación de las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla -explica el director adjunto operativo de la Guardia Civil – se viene realizando desde 2005, cuando se produjeron los primeros asaltos masivos. «En el mar no existe ni vallado ni señalización que delimiten un país del otro», apunta. En este escenario, aunque los extranjeros lleguen a tierra firme «no constituye una entrada ilegal en territorio nacional, la cual solo queda consumada cuando el inmigrante ilegal rebasa la línea de vigilancia establecida quedando, por tanto, sujeto al régimen general de extranjería».

Más allá de esta interpretación jurídica controvertida, el informe reconoce sin ambages que la Guardia Civil sí que usó material antidisturbios contra los 23 inmigrantes que estaban en el mar, aunque no directamente contra ellos, porque cuando los extranjeros ya se encontraban cerca de la orilla «se dio la orden tajante e inmediata de cesar el lanzamiento de medios».