En la calificación de la emigración como cuestión de Estado es fácil coincidir. En la conclusión de que, justamente por eso, no se pueden someter siquiera a discusión las decisiones que el Gobierno adopte en este terreno, resulta imposible estar de acuerdo. Justamente porque es una cuestión de Estado, es de suma importancia que el Gobierno tenga que dar razón de y justificar la política con la que pretende dar respuesta al problema.

Por ser una cuestión de Estado no se puede aceptar que sigan en su puesto el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil varias semanas después de que faltaran a la verdad tras la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta. No se puede aceptar que no se haya reconocido expresamente el error que supuso dar la orden a los agentes de la Guardia Civil de que dispararan pelotas de goma y botes de humo a los inmigrantes que estaban en el mar. Y que, tras el reconocimiento del error, no se hayan exigido las responsabilidades políticas que un error de esta naturaleza debe conllevar.

Estamos ante una cuestión de Estado en la medida en que afecta al “monopolio de la coacción física legítima”, por utilizar la clásica definición del Estado de Max Weber. Es la legitimidad del Estado la que se ha puesto en cuestión en Ceuta. El Gobierno no ha ejercido el poder de una manera legítima. Esta ha sido la razón por la que la comisaria europea se ha interesado y ha exigido explicaciones al ministro de Interior.

El Gobierno debe aceptar la responsabilidad por la tragedia de Ceuta

Esto ya lo sabemos. Todos hemos visto los vídeos. Para exigir la responsabilidad penal habrá que esperar a lo que diga la sentencia correspondiente. Pero no hay que esperar ni un minuto para saber que lo que se hizo esa noche en Ceuta no se puede hacer y, en consecuencia, no hay que esperar para exigir la responsabilidad política. El ministro no puede no saber quién dio la orden para que los agentes actuaran como lo hicieron y, como consecuencia de ello, debería haber exigido a quienes dieron la orden que presentaran la dimisión o haberlos destituido. Es la reacción mínima exigible ante un acontecimiento de tanta gravedad por la pérdida de vidas humanas y de tanto impacto en el prestigio del Estado. Y si el ministro no es capaz de extraer esta conclusión, entonces sería él quien tendría que presentar la dimisión.

Esta operación de reconocimiento del error y de aceptación de la responsabilidad no solo no debilitaría al Estado, sino que lo fortalecería para seguir enfrentándose con el problema. En estas últimas semanas el Estado se ha sentido más débil como consecuencia de la catástrofe humanitaria de Ceuta y esa sensación de debilidad la han percibido los inmigrantes, que han asaltado la frontera con más intensidad y más éxito que antes. Cuanto más pronto se asuman las responsabilidades políticas, en mejores condiciones se encontrará el Estado para responder al reto de la emigración.

España tiene que recuperar el prestigio que ha perdido con una actuación injustificable. Con el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil en sus puestos será mucho más difícil. No por ellos como personas exclusivamente, aunque también, sino porque será un muy mal indicador del funcionamiento del principio de responsabilidad en el ejercicio del poder.