Los políticos producen un efecto llamada en los flujos migratorios. Lo que cada miércoles la oposición critica en el Congreso tiene una fulminante repercusión en las redes de tráfico de seres humanos. Ésta es la tesis del ministro Jorge Fernández Díaz, que ayer dijo en Ceuta que las críticas «alientan a las mafias y les hacen ver que éste es el momento de intentar entrar en España». El titular de Interior acusó al PSOE de torpedear la solución a la crisis de la valla y le ofreció un pacto de Estado del que ha hablado nada menos que con José Luis Rodríguez Zapatero.

En su simbólica visita a la valla de Ceuta, donde hoy se cumple un mes desde que perdieron la vida 15 inmigrantes intentando entrar en la ciudad, Fernández Díaz dio una de cal y otra de arena. Primero reprendió al PSOE, al que no perdona que responsabilizara directamente de estas muertes a la Guardia Civil. Consideró «injustas» y «absolutamente inmorales» estas acusaciones y dijo que «algunos tendrían que tener más sentido de la responsabilidad y más sentido de Estado a la hora de plantear determinadas iniciativas que afectan a instituciones nucleares del Estado, alientan a las mafias y les hacen ver que éste es el momento de entrar en España».

Tras el rapapolvo, ofreció la posibilidad de llegar a un entendimiento, desvelando que Zapatero le llamó «hace unos pocos días» y estuvieron charlando sobre un posible acuerdo nacional en inmigración.

El ex presidente del Gobierno manifestó ayer en una entrevista a Cuatro que «la inmigración no debe tener un color político» y que España debe exigir más recursos a la UE para controlar el fenómeno migratorio. Fueron, precisamente, las dos ideas en las que más insistió también el ministro. Por lo menos, ambos están de acuerdo en estas dos cuestiones.

Fernández Díaz dejó claro que Europa debe involucrarse más, en la línea del mensaje que ha ido transmitiendo estas semanas de cara a conseguir más financiación económica por parte de los socios comunitarios. «Custodiar la frontera de Ceuta es custodiar la frontera exterior de la UE», repitió ayer.

Por otro lado, confió en que el PSOE «haga caso» a Zapatero y trate la inmigración como una política de Estado. Eso sí, por el camino, el ministro no pudo evitar lanzar algunos dardos y sacó a relucir la gestión de la crisis migratoria que hizo el Gobierno de Zapatero durante 2005. «En aquel entonces, ellos se negaron a dar información y no entregaron ningún vídeo. La información que hemos suministrado no la dieron ellos», recordó. También insistió en que las polémicas concertinas –«elementos de disuasión pasivos, no agresivos», a su entender– se pusieron cuando Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno.

Así que todo el discurso sonó a advertencia: «Si queremos contribuir a resolver este problema, les ruego que no obstaculicen su solución. Espero que el sentido de Estado predomine por encima de la legítima crítica partidista que es consustancial a una democracia».

El ministro, que asegura que hay 80.000 inmigrantes esperando para entrar en España a la menor oportunidad, dejó caer varias veces que «se van a producir más intentos de inclusión». En otras palabras, si el PSOE no colabora, será responsable de estas entradas.

Mientras arropaba la labor de la Guardia Civil –a cuyos responsables transmitió el «afecto» del Rey y el «apoyo sin fisuras» de Rajoy– anunció un paquete de medidas para reforzar la frontera en Ceuta. Es bastante probable que hoy, durante su visita a Melilla, anuncie nuevas infraestructuras.

En las vallas de ambas ciudades va a poner una «malla antitrepa» que, «a juzgar por los técnicos, es muy eficaz para evitar intrusiones ilegales». Este sistema estará instalado «en pocas semanas» en varios puntos de ambos perímetros.

El Ministerio del Interior también va a reforzar la vigilancia con un helicóptero que tendrá base permanente en Ceuta y una unidad de intervención rápida compuesta por 20 guardias civiles, que se suma a las dos ya existentes. También se ampliarán los espigones de las dos fronteras ceutíes (Tarajal y Benzú) y mejorará el suministro energético.

En cuanto a Marruecos, todo son también buenas intenciones. La principal novedad es que ambos países han decidido crear una comisión mixta para «resolver cuestiones litigiosas» en torno al Acuerdo de Readmisiones de 1992. Según las fuentes consultadas, Rabat no acepta en la práctica la teoría que recoge este tratado, que obliga a identificar a los inmigrantes que España devuelve y firmar una especie de recibo. El próximo día 26, ambos gobiernos tratarán de llegar a un entendimiento sobre este punto durante una reunión en Tánger. Marruecos también se ha comprometido a colaborar en la prolongación de los espigones y acometerá unas pequeñas obras en su lado de la frontera.

Lo que no quedó nada claro ayer es lo que dijo el ministro sobre las expulsiones exprés. «No existe la devolución en caliente», aseguró, enredándose en una complicada explicación destinada a distinguir entre los que entran y los que están intentando entrar. Y eso que los propios vídeos facilitados por la Guardia Civil muestran a los agentes el pasado 6 de febrero devolviendo por la puerta de atrás a inmigrantes que habían pisado suelo español.

De las devoluciones en caliente le hablaron ayer varias ONG al número dos de Interior, Francisco Martínez Vázquez, durante una reunión en Madrid. Las entidades sociales encontraron una posible «vía de interlocución» pese a los «enfoques diferentes» que unos y otros tienen sobre esta práctica ilegal.