Más reproches cruzados. Petición de ayudas de emergencia por parte de España. E incluso una especie de teoría de la conspiración. El Gobierno español afeó este lunes a la Comisión Europea las acusaciones a la Guardia Civil por las 15 muertes de inmigrantes frente a la costa de Ceuta el pasado 6 de febrero. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachó de “imprudentes” e “inadecuadas” las declaraciones de la comisaria Cecilia Malmström, que hace unas semanas desató una notable polémica al relacionar los disparos de pelotas de goma con los fallecimientos de los 15 inmigrantes. Lejos de arredrarse ante esa salva de críticas, Malmström reiteró este lunes sus sospechas: “No he acusado a nadie de esas muertes. Pero puede haber relación entre los disparos y el pánico que provocó la tragedia”, algo que “deben aclarar las investigaciones” y que, en caso de ser cierto, dejaría a España en una situación embarazosa.

España niega la mayor. Fernández Díaz defendió contra viento y marea la actuación “proporcionada” de la Guardia Civil con el argumento de que 23 inmigrantes llegaron sanos y salvos a la costa española, frente a los 15 fallecidos, y destacó que todas esas muertes se produjeron “en aguas marroquíes”. “No se ha acreditado en absoluto que haya relación causa-efecto entre la actuación de la Guardia Civil y las muertes de inmigrantes”, dijo el ministro. Aun así, España ha garantizado que no volverá a usar pelotas de goma en el mar. “No son operativas”, justificó Fernández Díaz.

El Ejecutivo ha decidido pasar al ataque: además de reconvenir sus declaraciones a la comisaria, reclama 45 millones de euros para hacer frente a la “situación de emergencia” que ha generado la presión migratoria. Y si es necesario recurre a la guerra de cifras. Hasta 40.000 personas están esperando para dar el salto en Ceuta y Melilla, según el Gobierno, a las que hay que añadir 40.000 más en otros enclaves de Marruecos “y cientos de miles adicionales que esperan más al Sur”, dijo Fernández Díaz, que sube así su apuesta y persigue activar todas las alarmas sobre la situación en las dos ciudades autónomas. Los datos oficiales europeos, sin embargo, cuentan otra historia. Las cifras de las agencias comunitarias de fronteras (Frontex) y de asilo (Easo) revelan que ni Ceuta ni Melilla son los puntos más conflictivos de las fronteras exteriores europeas. La presión es mucho mayor por la vía del Mediterráneo central, la que canaliza hacia Italia o Malta la llegada de inmigrantes del norte de África y también del este a través de Libia.

Aun así, Fernández Díaz entregó en mano a Malmström una carta en la que detalla tanto las quejas como las peticiones de fondos para paliar lo que, una y otra vez, calificó como “situación excepcional y de emergencia”. España tiene previsto usar ese dinero para poner en marcha equipos conjuntos con las autoridades marroquíes, hacer obras para mejorar la seguridad de los 20 kilómetros de frontera de Ceuta y Melilla y destinar más medios al control de ese perímetro. “Es imprescindible obtener ya esa financiación”, dijo el ministro, consciente de que la gestión de presupuestos europeos del periodo 2014-2020 está todavía en fases muy iniciales. Malmström se limitó a decir que estudiará la petición.

El desencuentro entre Madrid y Bruselas es difícil de disimular. España se enfrenta, a juicio de Fernández Díaz, a una situación prácticamente inédita: el viernes entraron de una tacada 214 inmigrantes irregulares procedentes de Melilla, una cifra que no se registraba desde 2005; este lunes penetraron “varias personas más” por Ceuta. Por contra, la Comisión habla siempre de “desafíos migratorios en varios Estados miembros”; no compra el argumento de la excepcionalidad española. Se repite la situación que ya se produjo tras la tragedia de Lampedusa, el pasado otoño: cruces de declaraciones y mucha desconfianza. La guinda la puso el ministro español, que en un giro final a su intervención ante la prensa relacionó el rifirrafe que mantiene con la Comisión con el incremento del número de inmigrantes irregulares que tratan de llegar por Ceuta y Melilla: “De todas estas polémicas están muy pendientes las mafias. Y por eso está pasando lo que está pasando”.

“Las mafias están muy atentas a lo que pasa”

“El mensaje de división y el cuestionamiento de la autoridad de la Guardia Civil para ejercer labores disuasorias lo perciben perfectamente las mafias que tratan con inmigrantes”. Así de rotundo fue este lunes en Bruselas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que atribuyó el incremento de la presión migratoria en los alrededores de Ceuta y Melilla a la polémica entre la Comisión Europea y el Gobierno sobre la muerte de los 15 inmigrantes junto a las costas ceutíes a principios de febrero. “Las mafias están muy pendientes, muy atentas, y por eso están pasando las cosas que están pasando”, dijo el ministro, que en la hora larga de entrevista con Cecilia Malmström sugirió que la comisaria no quiso verle antes y que la ha invitado a acudir a Ceuta y Melilla con la mayor brevedad posible “para poder opinar y conocer de primera mano la situación singular que hay allí”.

Fernández Díaz tiene algún contencioso más con Bruselas, tras la carta remitida por los principales grupos políticos de la comisión de libertades de la Eurocámara —con la excepción del Partido Popular Europeo— a raíz de la ley de seguridad ciudadana. El ministro aseguró que no ha visto aún esa misiva, pero pidió que las críticas “sean razonadas y razonables”. “Es una ley que pretende, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, garantizar más y mejor la seguridad ciudadana, y hacer que el derecho fundamental de reunión y manifestación no vaya en absoluto en menoscabo de otros derechos”.

Exteriores ha movilizado a los embajadores para defender la ley de seguridad, con un documento reservado en el que se asegura que el objetivo de la nueva normativa “no es castigar más, sino castigar mejor”. Fernández Díaz aseguró que ha recibido ya los informes de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo Fiscal, y espera los del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. “Somos los primeros interesados en que esa ley tenga todas las garantías jurídicas”, resumió el ministro. Pero el resumen que hacen los grupos de la Eurocámara es algo distinto: la misiva expone “la preocupación por el posible carácter restrictivo del derecho de manifestación”, y supone “una ley de orden público con una orientación represiva”, según uno de los firmantes, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.