«Alto a la invasión. Protejamos nuestras fronteras. Sábado 8 de marzo en la plaza de Lavapiés». Con ese lema, y la fotografía de varios ciudadanos subsaharianos, varios grupos ultraderechistas llamaban a concentrarse en el punto más multirracial de Madrid: Lavapiés.

La convocatoria, lanzada hace unos días por la plataforma La España en Marcha, integrada por colectivos como La Falange, Nudo Patriota, Movimiento Católico, Democracia Nacional y Alianza Nacional, ha puesto en guardia a la Delegación de Gobierno, que ayer anunció la prohibición de la concentración.

Según explicó en su cuenta de Twitter la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, hay «razones fundadas» de que pueda «haber alteraciones de orden público con peligro para las personas».

«La resolución prohibitiva, en aplicación del artículo 10 LO 9/83, cuenta con el informe de la Policía Nacional y el dictamen favorable de la Abogacía del Estado», precisó Cifuentes.

En el razonamiento jurídico de la resolución, la delegación explica que es «un valor constitucional el de la igualdad y la dignidad de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, raza, sexo, religión… por lo que una manifestación que tuviera por objeto… atentar contra dichos valores no podría ser tolerada por las autoridades».

Además, recuerda que «la provocación a la discriminación o la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión… u origen nacional constituye un delito tipificado por el artículo 510 del Código Penal», por lo que la autoridad gubernativa «no podría consentir» su desarrollo.

La resolución también explica que se iba a celebrar en un lugar que es «habitualmente punto de reunión de un gran número de personas inmigrantes ». «No sólo la citada plaza, sino todo el barrio tiene una de las más altas tasas de densidad demográfica en cuanto a población extranjera se refiere», precisa el organismo en el documento.

Además, añade que el lema elegido para la protesta –Protejamos nuestras fronteras–, «puede desencadenar la respuesta de grupos antagónicos con el consiguiente riesgo para los propios asistentes a la manifestación». Todo esto, concluye la delegación, muestra «una evidente voluntad de provocación que puede desembocar en incidentes».

Señala asimismo que los investigadores han constatado en las redes sociales, en concreto en la cuenta de Twitter de Democracia Nacional, que se están difundiendo mensajes con contenidos amenazantes como: «Ese día todos con bates rollo el soso judío y a cortar cabezas huecas» o «Stop, hijos de puta como vosotros no vais a pasar».

Tras conocerse la decisión de la delegada del Gobierno, Democracia Nacional afirmó en su cuenta de Twitter: «El PP hace caso a las peticiones de la extrema izquierda y prohíbe la concentración de LEM en Lavapiés. Están cortados por el mismo patrón» o «La señora @ccifuentes autoriza todas las manifestaciones ultraizquierdistas, por otra parte. ¿A quién protege el sistema? ¡Abre los ojos!».

El miércoles, el portavoz de Justicia de IU en la Asamblea, Mauricio Valiente, reclamó la prohibición al recordar que la Comunidad de Madrid tiene entre sus competencias la lucha contra la discriminación y el racismo.

Valiente afirmó que la delegación «no puede permanecer pasiva ante lo que constituye una provocación al odio en un barrio que se destaca por su convivencia intercultural» y días después del ataque a la sede de SOS Racismo en esta misma zona.

Democracia Nacional. El Gobierno catalán ya prohibió a Democracia Nacional parte del recorrido de la manifestación a favor de la unidad de España el 12 de octubre en Barcelona.

Ataque en Blanquerna. Entre los once detenidos por atacar la librería, propiedad de la Generalitat de Cataluña en Madrid, el pasado día 11 de septiembre, cuando se celebra la Diada, se encuentran varios miembros de las plataformas que convocaban la marcha xenófoba.