Las muertes de los inmigrantes en Ceuta han mostrado a la sociedad la triste situación de estas personas que tratan de llegar a un mundo mejor y las dificultades de los guardias civiles para evitar estas entradas. Pero también la incompetencia de los que tenían la obligación de dar órdenes claras que garanticen los derechos de los inmigrantes y de los guardias civiles.

Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Melilla solicitaron un protocolo de actuación ante las dudas suscitadas sobre las expulsiones de inmigrantes. La respuesta del jefe de la Comandancia fue tajante: pedir un protocolo de actuación «excedía las competencias» de la asociación. La respuesta dejaba a los guardias civiles de Melilla en una indefensión absoluta y, en la misma situación, a los guardias civiles de Ceuta. Si incumplimos una orden, podemos cometer un delito de desobediencia militar; si, por el contrario, cumplimos la orden, podemos cometer un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esta indefinición entre lo militar y lo civil paraliza nuestra capacidad de decir no.

Un Estado de Derecho no puede permitir que sus funcionarios se queden sin respuesta cuando la pregunta sólo trata de brindar las garantías constitucionales de los ciudadanos y de los propios guardias civiles.

Un Estado de Derecho se diferencia de una república bananera porque sus ciudadanos, independientemente de su nacionalidad o condición social, gozan de unas garantías por ser simplemente seres humanos, pero, también, porque esas garantías están tasadas y no están sometidas a criterios arbitrarios o de tintes racistas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió dicho protocolo cuando una ONG denunció que un teniente de la Guardia Civil rechazó por el perímetro fronterizo a dos menores protegidos por la Fiscalía de Menores de Melilla. Esto nos llevó a la conclusión de que estas devoluciones en caliente deberían realizarse con unas garantías legales para los ciudadanos extranjeros, porque, si lo denunciado es cierto, estaríamos hablando de la expulsión de dos ciudadanos legales por un funcionario que no tiene ni la capacidad jurídica, ni la autoridad ni la competencia para realizar este rechazo.

Por lo tanto, se podrían haber vulnerado los derechos constitucionales de los menores sin que nadie cuestionara la legalidad de lo que se estaba haciendo. Este presunto exceso de atribuciones mancha lo que los gobiernos y la sociedad quieren y desean de los guardias civiles: el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto a los derechos humanos.

Polemizar sobre el trabajo de toda la Guardia Civil por los sucesos de Ceuta o por los hechos de Melilla es una inmoralidad absoluta, pero investigar con total transparencia los hechos es un deber de los poderes públicos y de los que creemos en la democracia.

Intentar argumentar que se está cuestionando a la Guardia Civil por unos hechos puntuales es desviar la atención de lo sucedido. Se está cuestionando la posible legalidad de unas actuaciones concretas y de unas conductas de determinadas personas, no de toda la institución.

Vicente Ruiz Martín es el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Ceuta.