El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla tras ser denunciado por “devolución ilegal” de 21 inmigrantes que entraron en la ciudad española en coches ‘kamikaze’, vehículos que pasaron la frontera a toda velocidad en febrero de 2013, sin atender el alto de la Guardia Civil y arrollando todo lo que se ponía a su paso. En declaraciones a los periodistas, El Barkani ha declarado que ha defendido la legalidad de la medida en aplicación del convenio bilateral entre España y Marruecos firmado en el año 1992 y publicado en el BOE en el año 2012 al asegurar que “jamás tomaré una decisión injusta o ilegal”.

El representante del Ejecutivo Central, al que interpusieron una querella el principal partido de la oposición (Coalición por Melilla ) y una organización no gubernamental (Prodein), ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la declaración ante el juez en la que se ha mostrado como “un firme convencido de la valía del Estado de Derecho” y “con ese convencimiento he acudido al juzgado” reiterando que todas sus decisiones se han tomado de acuerdo con la Ley.

“Insisto que no debemos resignarnos a este tipo de inmigración que beneficia a mafias que trafican con seres humanos y pone en riesgo vida de inmigrantes” ha señalado el delegado, al tiempo que esos coches kamikazes “ponen en riesgo las vidas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que custodian el puesto fronterizo y también quienes pasan por la frontera”.

Abdelmalik El Barkani ha subrayado que decidió aplicarles el acuerdo bilateral para acabar con este tipo de prácticas “tan peligrosas tanto para los inmigrantes como para los agentes” y “lo he conseguido” porque desde febrero 2013 no se han vuelto a producir entradas de coches kamikazes, aunque recalcó en todo momento que “lo hecho siempre dentro de la normativa vigente, como no podía ser de otra manera”.

“Medida excepcional”

Asimismo ha recordado que ha tomado esta determinación “de forma muy excepcional” porque desde que es delegado del Gobierno en enero de 2013 “sólo” lo ha aplicado “dos veces”, para acabar “con un problema común que es la inmigración clandestina” entre España y Marruecos. El Barkani, que sólo ha respondido a las preguntas del juez, no así a los abogados de CPM y Prodein, ha dicho que ha salido contento de la declaración y reprochó a los denunciantes que no le hubieran preguntado directamente a él si se habían hecho las identificaciones de los expulsados, porque así se habrían ahorrado la querella.

Además del delegado del Gobierno, este martes ha prestado declaración por los mismos motivos el coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín-Villaseñor, por la supuesta devolución de los 21 inmigrantes que entraron en “coches kamikazes” entre los días 7 y 10 de febrero de 2013.

Los rechazos se realizaron en aplicación del convenio entre España y Marruecos pero tanto CPM como Prodein sostienen que “no fueron identificados”. Estas dos organizaciones les acusan de la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales. La querella se entregó el 27 de diciembre de 2013, once meses después de sucederse los hechos.

El titular del juzgado, Miguel Angel Aguilar, también ha pedido a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Melilla que especifique los pasos que se dieron para estas devoluciones y a la Comandancia de la Guardia Civil que detalle qué agentes identificaron y participaron en estas expulsiones.