El delegado del Gobierno en Melilla niega cualquier responsabilidad en las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes desde la ciudad autónoma a Marruecos. Abdelmalik El Barkani declaró ayer como imputado por sendos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales por la expulsión exprés el 9 de febrero de 2013 de 21 inmigrantes que habían entrado a Melilla en vehículos kamikaze. Los extranjeros fueron devueltos de forma inmediata a Marruecos, sin que ni tan si quiera las autoridades españolas les abrieran diligencias por conducción temeraria.

El Barkani aseguró a su salida del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla que su única actuación en aquella deportación multitudinaria fue pedir que se cumpliera con lo previsto en el acuerdo hispano – marroquí para la devolución rápida de inmigrantes, y arguyó que no le compete la actuación de la Guardia Civil en la supuesta devolución ilegal de aquel contingente de extranjeros.

El delegado, que fue denunciado por Coalición por Melilla (CpM) y la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), insistió en que su decisión política estuvo en todo momento ajustada a la normativa legal vigente y que no le corresponde a él dar instrucciones al instituto armado, pues son sus mandos los que toman las decisiones operativas.

El Barkani presentó como prueba documental para su defensa un escrito en el que consta que él ordenó la devolución de inmigrantes de acuerdo con el convenio bilateral de 1992, que entró en vigor en el año 2012. Un documento que, según los abogados de CpM y Prodein, no acredita si se cumplió con el procedimiento de identificación y asistencia de los inmigrantes y, en ningún caso, debe excluir el cumplimiento íntegro de la ley y el reglamento general de extranjería.

El otro imputado por los mismos hechos, el coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, no compareció. Alegó que no estuvo en Melilla el día que ocurrieron los hechos porque se encontraba en la península realizando un curso de general. Esta circunstancia hizo que la acusación popular ampliara ayer la denuncia al comandante jefe de operaciones.

Campaña de firmas. Amnistía Internacional comenzó ayer una campaña de recolección de firmas para exigir al Ministerio del Interior que no reforme la ley de extranjería, tal y como ha anunciado, para dar cobertura legal a las denominadas ‘devoluciones en caliente’. Según la ONG, el objetivo del Gobierno es «permitir las expulsiones sumarias y colectivas» de extranjeros, «convirtiendo las fronteras en un territorio fuera de la ley internacional».