El trágico suceso el pasado día 6
en la frontera de Ceuta, que provocó
15 muertes y la devolución irregular
a Marruecos de 23 personas,
y que ha conmocionado a la opinión
pública, ha puesto de relieve,
una vez más, el fracaso de las políticas
migratorias europeas, obsesionadas
por la contención de los
flujos migratorios, obviando la realidad
de los países de origen y
cualquier consideración humanitaria.
Con esta férrea arquitectura
política, los gobiernos están tratando
de impedir la llegada de inmigrantes,
refugiados y el acceso a
protección internacional de personas
que huyen de la guerra, la miseria,
la persecución… para encontrar
asilo en un país seguro.
Las medidas de las autoridades
españolas en el marco de estas políticas
violan los derechos humanos.
Lo evidencia el uso de material
antidisturbios como método «disuasorio
» contra personas exhaustas
que trataban de llegar a nado a la
costa, siendo claramente una medida
desproporcionada, inadecuada
y contraria al ordenamiento jurídico
español, que lo considera una
práctica inhumana, degradante y
un ultraje a la dignidad. Algo inadmisible
en el marco de un Estado
de Derecho. Por otra parte, la devolución
de las 23 personas que pisaron
tierra ceutí vulnera la Ley de
Extranjería y viola el Principio de
no Devolución establecido en la
Convención de Ginebra de 1951,
así como las normativas de migración
y asilo española y europea.
Lo acaecido en Ceuta es sólo el
pico del iceberg. La valla de Melilla;
la instalación de concertinas, que
están produciendo heridas gravísimas;
el control de las fronteras en
colaboración con Marruecos –que
sigue sin respetar los derechos humanos–;
la falta de procedimientos
en frontera para acceder a la protección
internacional; la prohibición
para que los solicitantes de asilo
puedan cruzar a la Península… son
elementos que ponen en evidencia
que España vulnera la legislación.
Mientras unos traspasan las vallas,
otros se saltan la ley.
En Cear lo tenemos claro: esto
hay que cortarlo, porque en el control
de fronteras no todo vale y no
se puede actuar manu militari.
Existen procedimientos reglados
de obligado cumplimiento y exigimos
el cumplimiento de la ley y el
establecimiento de procedimientos
que prioricen el deber de socorro y
los derechos humanos de las personas
que intentan llegar a nuestra
frontera buscando una oportunidad
para recibir protección internacional
en la Europa de los derechos,
las libertades y la solidaridad.
Carlos Berzosa es el presidente de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(Cear).