Ceuta y Melila se han convertido en los últimos meses en escenario de la tragedia de la inmigración. Unos 30.000 subsaharianos se hallan a sus puertas dispuestos a jugarse la vida para cruzar las vallas que separan ambas ciudades autónomas de Marruecos, según un informe de Inteligencia publicado por EL PAÍS. Solo en lo que va de año, han llevado a cabo siete asaltos al vallado fronterizo: uno al de Ceuta y seis al de Melilla. 350 personas lograron su objetivo de entrar en esta última ciudad. Las últimas 100, este mismo lunes.

El más grave de esos episodios ocurrió a las siete y media del pasado día 6. Una larga hilera de subsaharianos bajó de los montes de Marruecos y se dirigió hacia el paso fronterizo español de Tarajal. Alertada por las imágenes de las cámaras térmicas situadas en el perímetro, la Guardia Civil se desplegó tras el vallado. Los agentes españoles y las fuerzas marroquíes que se encontraban al otro lado de la verja intentaron rechazar a la multitud. Pero un grupo de inmigrantes se dirigió al pequeño espigón que se interna en el mar y separa las aguas de los dos países. Cuando se hallaban en el mar, fueron bombardeados con pelotas de goma por los agentes españoles. Hasta el momento han sido recuperados 15 cadáveres.

La tragedia se convirtió en una crisis política. En las horas y días siguientes, las declaraciones de los responsables del Ministerio del Interior evolucionaron desde la rotunda negativa a que se hubiesen disparado pelotas de goma a los subsaharianos que se hallaban en el agua hasta la admisión de que con los disparos se había intentado crear “una traza” de la frontera “a no menos de 25 metros” de las personas que intentaban ganar la costa, en palabras del titular del departamento, Jorge Fernández Díaz. La publicación de una serie de vídeos de particulares y de las cámaras situadas en la frontera mostrarían después que los guardias dispararon a escasos metros de las cabezas que emergían del agua. Las versiones del ministro del Interior y del director general de la Guardia Civil quedaron desacreditadas. La oposición exige al Gobierno responsabilidades.

El ministro del Interior intenta afrontar la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla cambiando el reglamento de la Ley de Extranjería y negociando con su homólogo marroquí una fórmula que permita elevar a tratado internacional una práctica ilegal que los agentes han venido utilizando hasta ahora: las “devoluciones en caliente”. Según la ley española y los tratados vigentes con Marruecos, cuando un inmigrante logra pisar suelo español debe ser trasladado a comisaría, documentado y luego, si es posible, devuelto al país vecino. Sin embargo, esto pocas veces se cumple. Los guardias civiles suelen detener a los que logran franquear las vallas y devolverlos en el momento. Así sucedió, por ejemplo, con los que, exhaustos, lograron alcanzar la playa de Tarajal el día de la tragedia.

La crisis migratoria abierta en Ceuta se produce, curiosamente, cuando los extranjeros europeos y latinoamericanos asentados en España abandonan el país debido a la escasez de trabajo provocada por la crisis económica. Por primera vez en 15 años, en 2012 descendió el número de los empadronados (en 15.229), y la tendencia continúa. Frente a este dato, los expertos explican el auge de la inmigración africana por la dramática situación del continente. Su concentración en torno a Ceuta y Melilla sería consecuencia de la colaboración con España de la gendarmería marroquí, que ha cegado las vías en cayucos hacia Canarias y en pateras o lanchas neumáticas hacia las costas andaluzas.