La herida abierta entre la Unión Europea y Suiza tardará en cicatrizar. Bruselas hizo saber ayer al Gobierno helvético que el dardo lanzado por sus ciudadanos la semana pasada apoyando en referendo la imposición de cuotas a la inmigración, tendrá recorrido de ida y vuelta: «Acarreará consecuencias significativas en la relación entre Suiza y la UE en el futuro», advirtió el responsable europeo del Servicio de Acción Exterior, David O´Sullivan, al Secretario de Estado suizo de Exteriores, Yves Rossier, quien pidió «tiempo y calma» para buscar una solución al conflicto.

Ambos se reunieron en Bruselas para abordar una crisis política que estalló el nueve de febrero. En esa fecha, la iniciativa presentada por el partido de extrema derecha Unión Democrática de Centro, consiguió salir adelante por estrecho margen, obligando al Gobierno, defensor del no, a modificar la Constitución para incluir leyes que pongan límites a la entrada de inmigrantes y al derecho de reagrupación familiar.

Rossier admitió en Bruselas que no puede celebrar un resultado que cierra las puertas de su país a otros acuerdos de carácter económico y comercial firmados con la UE, tal y como advirtió David O´Sullivan. Aún así, aseguró que acatarán el resultado: «Es nuestra responsabilidad aceptar esta elección y desarrollar las medidas». Ese miedo a perder los privilegios de libre acceso al mercado común, a donde Suiza exporta más de la mitad de sus productos y servicios, es lo que ha movido a Rossier a pedir a sus socios europeos que le den tiempo para estudiar cómo amortiguar el impacto de la nueva legislación: «Respetaremos todos los acuerdos con la UE, incluido el de la libre circulación de personas», aseguró.

Cómo logrará el país helvético cumplir con los dos compromisos en el plazo de tres años es un misterio. Bruselas se muestra dispuesta a darle el tiempo necesario pero le recuerda que la libre circulación «es un valor muy importante para nosotros, tanto como la democracia directa en Suiza». Así lo expresó O´Sullivan, quien recordó que la UE debe ceñirse a su legislación. Esta incluye la denominada «cláusula guillotina», que obliga a suspender cualquier acuerdo de carácter comercial o económico con países extracomunitarios que cierren sus fronteras. La intransigencia no solo se debe a cuestiones de carácter legal. Si Bruselas se muestra flexible con este tema, podría abrir la vía para que los partidos euroescépticos exijan aplicar esta misma política dentro de la propia UE.

Los dos diplomáticos reconocen que la situación es «complicada» e inciden en la necesidad de buscar una solución conjunta para que este conflicto no afecte a los ciudadanos comunitarios que trabajan en Suiza (alrededor de un millón) y a los suizos que lo hacen en territorio de la UE (500.000 personas).