Fotos de la Guardia Civil salvando inmigrantes, contrapuestas a pancartas con la palabra “dimisión” destinada al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta es la construcción gráfica que ha querido enfrentar el portavoz del Grupo Popular de Interior, Conrado Escobar, en el diálogo imposible mantenido sobre la tragedia del 6 de febrero en la playa ceutí del Tarajal a la que pretendían llegar a nado varias decenas de inmigrantes, este miércoles en el Pleno del Congreso.

Unos fueron devueltos a Marruecos, otros murieron en el agua, después de que la Guardia Civil les lanzara pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humo para que no alcanzaran la orilla. Hasta ahora han sido encontrados 15 cadáveres. Izquierda Plural ha presentado una moción con la petición de dimisión del ministro que mañana será votada y tendrá el apoyo, además de su grupo, de CiU, PNV, ERC, BNG, Amaiur y contará con la abstención del PSOE y UPyD. Estos dos grupos quieren saber toda la verdad antes de pedir la dimisión del ministro. Si las cintas no llegan en 24 horas, el PSOE registrará la petición de una comisión de investigación.

No parece muy probable que las cintas puedan ser entregadas en el Congreso, como exige el PSOE, en ese plazo. La Guardia Civil aún no ha entregado las grabaciones a la jueza que llevara el caso porque los agentes trabajan “en la contextualización de las cintas”, informa Efe. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta pidió el lunes al instituto armado que enviara todas las imágenes captadas en la zona el 6 de febrero, con el detalle de a qué cámara corresponde cada vídeo, dónde se encuentra ubicada y a la hora que se grabó. La Guardia Civil respondió que las entregaría “cuanto antes”.

Un aspecto o daño colateral puede producirse junto a lo fundamental, el enfrentamiento de todos contra el Gobierno por los sucesos del 6 de febrero en Ceuta, como será si el Grupo Socialista mantiene o no la disciplina de voto. La orden de la dirección es abstenerse en esta petición de dimisión como ha anunciado oficialmente el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, pero un grupo de diputados socialistas quieren votar a favor de la dimisión. Algunos lo expresaron en alto en la reunión interna del grupo parlamentario y otros lo piensan y lo dicen en privado.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado en el pleno a las nueve y cuarto de la mañana que “si en 24 horas”, es decir, el jueves a esa misma hora el Gobierno no entrega en el Congreso las cinco horas de grabación de la tragedia de los inmigrantes en Ceuta, del pasado 6 de febrero, registrará la petición de una comisión de investigación. Se lo ha dicho a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La dirigente socialista, que ha sido secretaria de Estado de Cooperación y tiene un amplio conocimiento de los países africanos de los que parten los inmigrantes, trata de que en su grupo se entienda que el PSOE tiene su propia línea política y no tiene por qué hacer seguimiento de Izquierda Unida. Primero, todos los datos, la grabación, y si no los dan comisión de investigación. Si el PP lo impide, no hay duda de que habrá reprobación del ministro. Pero todo a su tiempo. Mañana se verá si todos los diputados socialistas, incluidos los que pensaban romper la disciplina de voto comparten este planteamiento.

No ha sido blando en absoluto el portavoz socialista, Antonio Trevín, que ha hecho una descripción y valoración muy descarnada y vehemente de los hechos. Sí ha reiterado la petición de dimisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y del delegado del Gobierno en Ceuta, Antonio Fernández. La indignación se ha notado en el portavoz socialista ante el argumento del PP y del Gobierno de que la oposición, y el PSOE, singularmente ataca a la Guardia Civil. Ayer ya dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, que no lo consentía porque en su etapa de ministro del Interior, y en otras responsabilidades, ha tenido la mejor de las relaciones con el instituto armado a quien solo tiene reconocimiento y “agradecimiento personal”. Lo mismo ha dicho Antonio Trevín, al recordar su tiempo como delegado del Gobierno en Asturias, en estrecho contacto con la Guardia Civil.

La crítica no es a las fuerzas de Seguridad sino al responsable de pedirles que dispararan y, sobre todo, por no rescatarles. “Se ha incurrido en un delito por denegación de auxilio”. Lo ha dicho Ricardo Sixto de Izquierda Plural, Emilio Olabarría del PNV, Feliu Guillaumes de CiU, Teresa Jordá de ERC, Jon Iñarritu de Amaiur y Rosana Pérez del BNG. “¿Cuántas muertes tiene que haber para que dimita el ministro del Interior?”, ha preguntado el representante del grupo nacionalista catalán. “Han muerto quince personas porque no se las auxilió”, ha proclamado Trevín del PSOE.

Sí, hay coincidencia en que “lo que ha ocurrido en Ceuta es un crimen que se debe investigar para que haya una versión oficial coherente”, ha sentenciado Irene Lozano de UPyD. Ahora bien, antes de “condenar” es decir, pedir la dimisión del ministro se debe conocer “el material grabado y, después exigir responsabilidades”. No hubo paños calientes en la descripción de lo que pudo pasar en la madrugada del 6 de febrero. “Si hubieran sido blancos en lugar de negros, se hubiera pensado que eran náufragos pero se les dejó morir sin el deber de auxilio”. Esta fue una de las tesis fundamentales del grupo proponente, la de la denegación de auxilio. Ricardo Sixto preguntó retóricamente “¿Por qué no se llamó a Salvamento Marítimo?”.

Después de intervenciones vehementes e indignadas se escuchó al portavoz del PP Conrado Escobar que empezó por mostrar el dolor de su grupo por las muertes “en Marruecos” de al menos 15 inmigrantes. El silencio se rompió cuando afirmó: “Descalificar a la guardia civil es hacer el juego a las mafias”. Hubo murmullos de desaprobación porque en todas las intervenciones se había cargado contra “los responsables” de las órdenes, además de expresar las distintas versiones ofrecidas hasta llegar al jueves pasado cuando el ministro reconoció la utilización de material antidisturbios disparado “al agua” para alejar a los inmigrantes.

Ha pedido “sentido de estado” como antes lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta a Soraya Rodríguez, toda vez que cuando unos eran gobierno y otros oposición, los socialistas se lo reclamaron al PP. “Ahora solo hay un camino sensato, apoyar al Gobierno”, ha concluido el portavoz del Grupo Popular. “España es un país doliente, que sufre con el emigrante desesperado y engañado por las mafias”, ha concluido el representante del PP.