“Le escribo para expresar mi seria preocupación por la manera en que la Guardia Civil actuó en Ceuta el pasado 6 de febrero”, indica la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström en la carta dirigida ayer al ministro Jorge Fernández Díaz, prevenido desde el viernes de que Bruselas no veía con buenos ojos lo ocurrido en la frontera con Marruecos.

De acuerdo con las informaciones recopiladas por la Comisión Europea a partir de oenegés y medios de comunicación, los agentes emplearon balas de goma. Y aunque “no impactaron en las personas” que trataban de cruzar la frontera “sí pudieron desatar el pánico, con el resultado de que algunas se precipitaron al mar, se ahogaron o se estrellaron contra las rocas que marcan la frontera con Marruecos”, afirma.

Según Malmström, estas alegaciones justifican la apertura de “una investigación completa”, como ya ha hecho el Gobierno. La comisaria urge al ministro a que le “haga llegar explicaciones” sobre el uso de balas de goma, el uso de la fuerza durante la operación y la supuesta devolución en caliente de inmigrantes a Marruecos. La comisaria subraya que la vigilancia de las fronteras debe respetar el derecho europeo, en particular los principios de proporcionalidad y no devolución. En la misiva no evoca expresamente la posibilidad de abrir expediente al Gobierno si hay indicios de que se ha violando las normas europeas como sí hizo la semana pasada el equipo de la comisaria. Ahora, baja el tono: según su portavoz en estos momentos “no ve razones” para hacerlo.

El Gobierno reaccionó de mal grado a las críticas de Malmström. El Ministerio del Interior le replicó el lunes que, en lugar de dar consejos, aporte “recursos económicos y financieros” para apoyar las actuaciones nacionales en materia de inmigración. Ayer la Comisión Europea no ocultó su malestar con estas declaraciones y respondió que no ha recibido ninguna solicitud formal de ayuda de España.

“Este tipo de peticiones de información nunca son públicas, ni se hacen a través de los medios de comunicación, sino a través de contactos formales con las autoridades de los países interesados”, replicó el portavoz de Malmström. Curiosamente fue la propia comisaria quien inauguró la polémica con un comentario de su puño y letra colgado en la red social Twitter, declarándose “muy preocupada” y anunciando que pediría aclaraciones al Gobierno español.