El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que su departamento está «estudiando una posible reforma» de la normativa de inmigración porque «la Ley de Extranjería está pensada para unos supuestos que en Ceuta y Melilla no se dan» y ante la necesidad de que la Guardia Civil tenga una «normativa jurídica» que le permita cumplir su obligación de «impermeabilizar» las fronteras.

Según ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, «la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encomienda a la Guardia Civil el control de las fronteras, pero no es lo mismo hacerlo en el aeropuerto de Barajas que en Ceuta y Melilla y la ley debe contemplar una realidad tan singular». Será así una reforma «que disponga de la normativa jurídica que les permita hacer como hasta ahora, operativamente eficaz ese mandato que las leyes les encomiendan de garantizar la impermeabilidad de las fronteras y que nadie entre ilegalmente en el país», conforme ha señalado.

No ha concretado en qué términos se acometería esta reforma. Para Fernández Díaz, «en estos momentos cuando hay intentos de intrusión de avalanchas de personas que quieren entrar en Ceuta y Melilla y en la Unión Europea», es necesaria una reforma «para hacer posible todos los derechos y la integración social de los extranjeros pero al mismo tiempo, el derecho y el deber de controlar las fronteras y que se entre en España de forma legal y por los sitios habilitados».
Grupo de trabajo

En la misma línas, fuentes oficiales han confirmado que el Gobierno ha creado un grupo de trabajo para analizar una reforma de la legislación que proporcione un marco legal a las devoluciones sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes que han salido de su territorio para introducirse de forma clandestina en España, una práctica habitual en Ceuta y Melilla que permite un convenio de readmisión suscrito con el reino alauí y que no está recogida en la normativa actual. Esto, según las mismas fuentes, «no significa necesariamente» modificar la Ley de Extranjería, sino que puede implicar «alguna pequeña modificación» en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.