En relación a los incidentes recientemente ocurridos en la frontera de Ceuta en los que perdieron la vida trágicamente 14 subsaharianos, no quiero entrar, ahora, en si la Guardia Civil actuó, o no, con arreglo a derecho; o si fueron, o no, violados los derechos humanos de los inmigrantes. Seguro que otros lectores de EL PAÍS se ocuparán ampliamente del tema.

Lo que quiero comentar, y me parece de suma importancia para nuestra democracia, es la actitud de las autoridades implicadas en los hechos y su responsabilidad política. Es inadmisible y un hecho de suma gravedad que estos políticos, en la comunicación de los hechos a los ciudadanos, hayan utilizado medias verdades, falacias y que hasta hayan tratado de ocultar la verdad. Las informaciones se iban modificando a medida que los medios de comunicación iban relatando la secuencia de los hechos.

Los politicos, en democracia, se deben a los ciudadanos y tratar de engañarlos es una falta muy grave que debería pagarse con la dimisión de los responsables, porque ¿qué confianza podemos depositar los ciudadanos en alguien que no nos cuenta toda la verdad?