El Gobierno modificará la Ley de Extranjería para evitar que se repitan dramas como el de Ceuta. Tras reconocer finalmente que es esta norma la que debe aplicarse cuando hay que devolver a Marruecos a sin papeles que alcanzan territorio español, el Ejecutivo ha creado un «grupo de trabajo» que ha comenzado ya a preparar los cambios legislativos, según informaron ayer a EL MUNDO fuentes gubernamentales.

Su intención es remitir de forma urgente al Congreso el nuevo texto para tener lista cuanto antes la que será la quinta Ley de Extranjería desde el 2000. Quiere unificar esta norma con el acuerdo firmado en 2012 entre los reinos de España y Marruecos sobre readmisión de extranjeros entrados de forma irregular en nuestro país.

Se aprobará por vía de urgencia. El Ministerio del Interior estima que serán 250.000 euros lo que cueste ampliar la valla para dar más protección en el mar. Los responsables de la seguridad del Estado quieren prolongar el espigón de El Tarajal, de tal manera que la barrera física en el mar se prolongue entre 30 y 45 metros más, con el fin de blindar de forma más efectiva la frontera de Ceuta.

Recuerdan desde Interior que, durante los últimos meses, esa zona había quedado prácticamente desprotegida por la formación de una playa alrededor, lo que provocaba que prácticamente se pudiera atravesar andando. En las últimas semanas no, porque las inclemencias del tiempo han retirado esa acumulación de arena. Pero es una situación provisional. Por ello, el Gobierno quiere que esta prolongación se realice antes de que finalice el año.

Además, se tratará también de evitar la formación de esas playas mediante la construcción de un dique metálico sobre pilotes o con la instalación de un pantalán (una especie de muelle), también sobre pilotes.

Además, el Ejecutivo tiene previsto a medio plazo remodelar y ampliar el puesto fronterizo de El Tarajal. Se trataría de aproximar las instalaciones del recinto a la línea de mar. Existe una segunda opción que llevaría una inversión más potente: adquirir inmuebles para la construcción de las instalaciones. En la parte marroquí están a punto de finalizar obras de ampliación.

La Ley de Extranjería, por un lado,
contempla que, cuando un inmigrante
es interceptado intentando entrar
irregularmente en España, se le debe
prestar al menos asistencia jurídica
gratuita y un traductor, así como
ofrecerle la posibilidad de pedir asilo
político. Esta norma fue modificada
por última vez en 2009 por el Gobierno
de Zapatero.
Por otro lado, el denominado
Acuerdo entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos Relativo a la
Circulación de Personas, el Tránsito
y la Readmisión de Extranjeros Entrados
Ilegalmente se firmó en 2012
(aunque llevaba escrito desde 1992),
para que Rabat pudiera aceptar de
manera más rápida a los inmigrantes
de terceros países que se demostrara
que efectivamente habían entrado
por la frontera marroquí.
Este tratado no ofrece las mismas
garantías de derechos humanos que
brinda la ley, según las ONG, pero
obliga como poco a identificar a los
sin papeles en la comisaría y a pedir
recibo de la entrega a Marruecos.
En realidad, en el caso de Ceuta ni
se cumplió con la Ley de Extranjería
ni se cumplió con el acuerdo, porque
se devolvió en el instante a Marruecos
a 23 inmigrantes que llegaron a
pisar la playa ceutí del Tarajal, sin
pedirles ni siquiera la documentación
ni mucho menos ofrecerles un
abogado, tal y como reconoció el pasado
jueves el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, durante su
comparecencia en el Congreso.
Otras veces tampoco se ha cumplido
ni con una cosa ni con otra. En
Melilla, por ejemplo, hay grabaciones
en las que se ve cómo se devuelve
a los extranjeros por la puerta de
atrás, la que usa el jardinero, sin registrarlos
en ningún momento.
Hasta el ministro ha admitido la
existencia de «casos puntuales» de
vulneración de la legalidad vigente.
Según fuentes policiales, Interior
no ha hecho públicas las cifras de
readmisiones que se han realizado
en aplicación del acuerdo con Rabat,
simplemente porque no se aplica estrictamente
como debería de hacerse.
Entre otras cosas, según denuncian
otras fuentes, porque «es un tratado
trampa»: «Marruecos nunca va
a expedir un recibo y a los inmigrantes
es muy difícil identificarlos porque
no vienen con pasaporte».
En cualquier caso, lo que nunca
ha estado claro es si prevalece la ley
o el acuerdo y cuándo debe aplicarse
cada uno de ellos. Las ONG, el
Defensor del Pueblo y los abogados
especializados sostienen que manda
la norma general. La Guardia Civil
asegura lo
contrario.
Para enredar
aún más el asunto,
el ministro dijo el
jueves que no cabía
aplicar la Ley
de Extranjería
porque los 23 inmigrantes
no habían
pisado suelo
español. Al día siguiente,
la vicepresidenta
del Gobierno,
Soraya
Sáenz de Santamaría,
tuvo que
corregirle: «Se está
aplicando la Ley
de Extranjería, pero
ésta tiene deficiencias
», zanjó,
apuntando a algunas
mejoras.
¿Cuáles son
esas deficiencias?
En primer lugar,
las contradicciones
existentes entre uno y otro texto.
En segundo, las dificultades para
aplicar el acuerdo con Rabat. En tercero,
la falta de claridad a la hora de
optar por uno u otro, al no haber un protocolo al respecto, tal y como han
denunciado los propios guardias civiles.
«Salimos de la academia recibiendo
formación en la Ley de Extranjería
y se nos dice que apliquemos
el acuerdo con Marruecos. Las
órdenes son deliberadamente ambiguas
», cuenta uno de los agentes. En
cuarto lugar, no hay en la Ley de Extranjería
un artículo expresamente
dedicado a la figura jurídica de las
devoluciones. Sólo se recoge en el
artículo 23 del desarrollo reglamentario
y, de forma indirecta, en el artículo
58 de la norma.
Los cambios que prepara Interior
pasan por mejorar estas
cuestiones y para ello se ha creado
un grupo de trabajo. Se está
consultando a varios ministerios,
porque Empleo también tiene
competencias en esta cuestión. El
objetivo es hacer las modificaciones
legislativas pertinentes cuanto
antes, porque la presión migratoria
se ha intensificado en Ceuta
y Melilla y siguen sucediéndose
los intentos de entrada.
Esto no devolverá la vida a los 15
muertos, pero, al menos, podría servir
para que no se repitan algunas de
las irregularidades que se han cometido
en la tragedia de Ceuta.

Distintas figuras jurídicas
>Devolución. Cuando el inmigrante es interceptado
intentando entrar por puestos fronterizos
no habilitados, debe ser llevado a comisaría,
donde se le tiene que identificar y ofrecer
abogado e intérprete, y la posibilidad de pedir
asilo. Lo regula el artículo 23 del Reglamento de
la Ley de Extranjería y el artículo 58 de la Ley.
>Rechazo en frontera. Para casos de denegación
de entrada en puertos y aeropuertos. Da
derecho a abogado, a intérprete y a una «resolución
motivada» de rechazo contra la que cabe
recurrir. Art 26 de la Ley de Extranjería.
>Expulsión. Sanción en casos concretos al extranjero
que se encuentra ‘sin papeles’ dentro
de España. Conlleva la incoación de un procedimiento
y se puede recurrir. Art. 57 de la Ley.
>Readmisión. Exige menos garantías jurídicas
que las otras figuras, pero requiere, al menos,
una identificación policial. La regula el Acuerdo
con Marruecos firmado en 2013.