APENAS diez días después de que 15 inmigrantes murieran ahogados al intentar entrar a nado en Ceuta, una nueva llegada masiva de subsaharianos, esta vez por Melilla, vuelve a poner el foco en el problema que supone para España y para Europa entera la presión migratoria desde África. Estos asaltos continuados han puesto de manifiesto, además, profundas deficiencias: la Guardia Civil se siente desbordada, reclama un protocolo de actuación ante las avalanchas y denuncia contradicciones entre la actual Ley de Extranjería y el tratado firmado con Marruecos en 2012. Según la ley vigente, los inmigrantes ilegales en suelo español tienen derecho a un traductor y a asistencia letrada para estudiar un posible derecho de asilo. Sin embargo, el tratado con Marruecos posibilita la entrega inmediata, con ciertas garantías, de los inmigrantes a las autoridades alahuíes. Ambas prácticas son contradictorias y han propiciado las controvertidas devoluciones en caliente. El Gobierno anunció ayer la modificación urgente de la Ley de Extranjería para solucionar estas incongruencias y generar un marco garantista para los inmigrantes y una mayor seguridad a las autoridades que custodian nuestras fronteras. Habrá que aguardar a conocer el contenido de una normativa que debería haberse ajustado a la realidad hace tiempo.