Soraya Sáenz de Santamaría quiso
dar por zanjadas, amparándose en la
comparecencia del ministro del Interior
en el Congreso, las dudas que
existen en torno a la actuación de la
Guardia Civil al repeler con material
antidisturbios –disparos de pelotas
de goma, botes de humo y balas de
fogueo – el intento de llegar a nado a
territorio español de un grupo de inmigrantes
subsaharianos, así como
la devolución inmediata a territorio
marroquí de los 23 que llegaron a pisar
la playa del Tarajal.
La insistencia de las preguntas de
los periodistas, la parquedad de las
respuestas y las discrepancias con
las versiones proporcionadas antes,
vinieron a evidenciar una posición
oficial endeble que por ahora no
convence ni a la Comisión Europea,
ni a las principales organizaciones
defensoras de los derechos humanos
ni a ninguno de los partidos de
oposición del arco parlamentario.
Ayer, Santamaría intentó pasar el
trago remitiéndose a los datos proporcionados
por Jorge Fernández
Díaz ante la Comisión de Interior del
Congreso, sin embargo, entre sus escuetas
palabras y las del ministro hubo
más de una diferencia. La vicepresidenta
afirmó, por ejemplo, que
se había aplicado la Ley de Extranjería
a la veintena de inmigrantes que
lograron llegar a tierra. Santamaría
admitió que dicha ley tiene «algunas
deficiencias» y aseguró que la voluntad
del Gobierno es subsanarlas. Sin
embargo, Fernández Díaz en el Congreso
dijo justo lo contrario. Según el
ministro del Interior no se aplicó la
citada ley porque no se consideró
que los subsaharianos hubieran entrado
en territorio nacional. En consecuencia,
se procedió a reenviarlos
de nuevo –en caliente– a territorio
marroquí sin activar ninguno de los
procedimientos que contempla la
Ley de Extranjería.
«Si hubiéramos considerado que
han entrado en territorio nacional,
qué duda cabe, que se les tiene que
aplicar la Ley de Extranjería. ¡Faltaría
más!», afirmó el titular de Interior
en el Congreso.
Las palabras ayer de la vicepresidenta
fueron muy distintas: «Se está
aplicando la Ley de Extranjería,
que en este punto tiene alguna deficiencia,
pero se ha venido haciendo
de modo similar desde el año 2005,
es decir, que se están siguiendo los
mismos criterios de actuación».
Desde la dirección del PSOE insistieron
en que lo peor en esta tragedia
es el empleo de material antidisturbios
contra los inmigrantes. Ferraz
negó que durante los años de Gobierno
de Zapatero se hubiera aplicado
por parte de la Guardia Civil
protocolo alguno que autorice a disparar
pelotas de goma como elemento
disuasorio contra personas que se
encuentran en el mar. De hecho, las
fuentes consultadas insistieron en
que esa práctica no está recogida en
ningún protocolo y dieron por hecho
que se trató de una «decisión operativa
» tomada para este caso en concreto.
«Dispararon y punto, y luego
lo intentaron ocultar», dijeron.
De hecho, la Asociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC) ha
denunciado en reiteradas ocasiones
que no existe un protocolo de actuación
e incluso en junio del año
pasado se dirigió a la Fiscalía General
del Estado expresándole su
Viene de primera página
>EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN / Las explicaciones del Ejecutivo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en Moncloa junto a Wert. / ALBERTO DI LOLLI
La Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC) sostiene que
«falta un protocolo de actuación»
con «explicaciones pormenorizadas
» sobre cómo deben actuar los
agentes con los inmigrantes sin papeles
que intentan entrar en las
fronteras de Ceuta y Melilla.
¿Se ha pedido este protocolo?
La AUGC asegura que lleva reclamándolo
«desde hace años». Lo ha
solicitado formalmente para Melilla,
pero sostiene que la petición es
extensible a la frontera de Ceuta.
¿Qué se le ha respondido? Según
la documentación a la que ha
tenido acceso este periódico, la
Comandancia de Melilla le respondió
el 1 de junio de 2013 que la
solicitud suponía una «extralimitación
en sus derechos representativos
». La asociación mayoritaria
de la Guardia Civil presentó recurso
de alzada. El 8 de octubre de
2013, el jefe del Mando de Operaciones
desestimó el recurso porque
«las asociaciones profesionales
de guardias civiles carecen de
interés legítimo para formular solicitudes
relativas a materia de servicio
[…], quedando por tanto excluido
de su ámbito de actuación
las que no se refieran a la satisfacción
de los intereses sociales, económicos
y profesionales de sus
asociados y a la realización de actividades
sociales que favorezcan
la eficiencia en el ejercicio de la
profesión y la deontología profesional
de sus miembros».
¿Qué opinan los guardias sobre
las devoluciones de ‘sin papeles’?
«Ante las dudas planteadas sobre
la legalidad de las devoluciones de
inmigrantes indocumentados que
llegan cada día a Melilla», la
AUGC pidió en junio de 2013 a la
Fiscalía General del Estado que le
diera instrucciones sobre lo que se
podía o no hacer.
¿Qué efectos produce esta falta
de clarificación? Los guardias
se quejan de que «la incertidumbre
creada en torno a la legalidad
de estas actuaciones» puede «vulnerar
los derechos» de los inmigrantes
y «dañar» la imagen del
Instituto Armado.
¿Es lo mismo un protocolo que
un «concepto operativo»? Una
cosa es una «decisión operativa»,
que se toma en el momento, y otra
un protocolo. El jueves, el ministro
del Interior no habló ni de protocolo
ni de decisión operativa, sino de
un «concepto operativo de vigilancia,
control y rechazo» que se venía
utilizando por la Guardia Civil
«desde el año 2005 y sin solución
de continuidad».
¿Qué dice el Ministerio del Interior?
Asegura que la Guardia Civil
utiliza dos documentos donde se
habla del uso de materiales antidisturbios,
pero no precisa si éstos
dejan claro si se puede disparar
pelotas de goma al mar cuando
hay inmigrantes nadando al lado.
«Falta un protocolo»
11, 12, 13. Detrás de esas frías cifras, detrás de
esos cadáveres que cada día va escupiendo el mar
a las playas de Ceuta, se esconden vidas
truncadas a las puertas de Europa. Son historias
como la de Yves, que llamó a su madre para decirle
que pronto se volverían a ver. O la de Blaise, que
tenía todo el futuro por delante hasta que fue
engullido por el mar. Ellos ya no lo pueden contar,
pero sus compañeros narran la tragedia.
VIDAS AHOGADAS TESTIMONIOS
’Me dieron en la
nuca’. 25 metros. Ésa es
la distancia a la que dice
el ministro que les
cayeron las pelotas de
goma cuando estaban en
el agua. Pero a Joseph
Nyamen, de origen
camerunés, le alcanzó de
lleno una de ellas. Le dio
en la nuca. «Éramos 250.
Nos fuimos todos en
tromba a la playa y
sorprendimos a los
gendarmes marroquíes,
que nos pidieron que nos
calmáramos. Unos 150
nos lanzamos al agua.
Había un grupo de
buenos nadadores que
salió primero y que logró
alcanzar España.
Las explicaciones contradictorias
ofrecidas por la Guardia Civil, la delegación
del Gobierno en Ceuta y el
Ministerio del Interior sobre la muerte
de 13 inmigrantes en la frontera
española han creado confusión y
«grave preocupación» en la Comisión
Europea, que ha pedido explicaciones
al Gobierno por el lanzamiento
de pelotas de goma contra un grupo
de inmigrantes subsaharianos.
La comisaria de Interior, Cecilia
Malmström, recordó ayer que los Estados
miembros «tienen la responsabilidad
de gestionar sus fronteras externas
de acuerdo a la normativa comunitaria
» y advirtió de que la
Comisión, como guardiana de los
Tratados, «se reserva el derecho de
dar los pasos adecuados si hay evidencias
de que un Estado miembro
ha violado la legislación europea».
Bruselas recuerda al Gobierno
que «tiene la responsabilidad de investigar
lo ocurrido» en Ceuta y posteriormente
pedirá explicaciones para
comprobar si la actuación de la
Guardia Civil viola el llamado Código
Fronterizo de Schengen, que establece
las obligaciones y deberes de
los Estados asociados a esta alianza
en el manejo de sus fronteras. En lo
relativo a los bordes externos –los
que delimitan una parte del territorio
comunitario con un tercer Estado– el
código establece que «en el desarrollo
de sus tareas, los policías deben
respetar íntegramente la dignidad
humana y no discriminar a las personas
», así como proporcionar siempre
una respuesta «proporcionada».
Fuentes del departamento de
Malmström explican que hasta el
momento la Comisión Europea no
ha abierto ningún procedimiento de
infracción formal, aunque también
está investigando la repatriación de
inmigrantes llevada a cabo por las
autoridades griegas así como «varios
incidentes localizados en Malta».
Si finalmente Bruselas constatara
que España ha violado las normas
comunitarias, el Ejecutivo comunitario
actuaría primero incoando un
proceso administrativo en el que se
requiere al Estado miembro reparar
la situación de abuso. En última instancia,
el caso podría llevarse al Tribunal
Europeo y, en todo caso, la Comisión
se reservaría el derecho de
imponer una multa económica.
No es la primera vez que la responsable
de Asuntos Interiores de la
Comisión Europea pide explicaciones
a España por cuestiones relacionadas
con la gestión fronteriza. El
pasado diciembre, Malmström mostró
sus preocupación por la instalación
de concertinas en la valla de
Melilla. Bruselas sospechaba que este
mecanismo, compuesto por unas
cuchillas que se entremezclan con el
alambrado, podían no ser eficaces
para detener a los inmigrantes y se
limitarían a provocarles heridas.
El ministro español aseguró entonces
que la instalación sólo tiene
una finalidad disuasoria y que muchos
países europeos la utilizan. Incluso,
cuando en Bruselas se celebran
cumbres europeas, la Policía
instala este alambrado. Finalmente,
la comisaria Malmström no obligó a
España a retirar este dispositivo.
>EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN / El reproche institucional
«malestar por la falta de unas pautas
concretas de actuación con los
inmigrantes» y pidiéndole recomendaciones
al respecto.
«La falta de un protocolo de actuación
con la imigración pone en duda
la legalidad de las devoluciones a
Marruecos», afirma este sindicato.
Este periódico reclamó ayer al Ministerio
del Interior el protocolo donde
se recoge que es legal disparar
pelotas de goma a inmigrantes en el
mar. Fuentes autorizadas explicaron
que existe un Manual de la Agrupación
de Reserva y Seguridad y una
Guía de Procedimientos de Actuación,
ambos de la Guardia Civil, donde
se regula el uso de material antidisturbios,
pero no supieron precisar
si concretaba su uso en el agua.
Tampoco quisieron enseñarlo alegando
que «es material interno al
que no se puede dar publicidad».
Santamaría no quiso ayer profundizar
en las discrepancias entre las
versiones del director general de la
Guardia Civil, que negó el disparo de
pelotas hacia el agua y la del ministro
del Interior, que sí admitió que se
hubiera hecho. Según la vicepresidenta,
las declaraciones «en los primeros
momentos siempre son parciales
y no completas». Además insistió
en que los agentes actuaron
«con proporcionalidad y respetando
los derechos fundamentales».
El European Council
on Refugees and Exile,
organismo que agrupa
a las 81 ONG más importantes
de Europa y
EEUU de ayuda a los inmigrantes
y refugiados,
pidió ayer a la Comisión
Europea que investigue
«de forma inmediata
» los sucesos
de Ceuta y reclamó al
Gobierno español «el
cese inmediato de cualquier
práctica que pueda
poner en peligro la
vida de las personas y
que impida su acceso a
la protección internacional,
así como una
completa e independiente
investigación
por las autoridades españolas
competentes».
Entidades tan relevantes
como German
Red Cross, Amnesty International,
Caritas
Sweden, Jesuit Refugee
Service, Freedom
for Torture y las españolas
Cear y Accem, firman
un comunicado en
el que cuestionan la
«interpretación» del
ministro del Interior,
Jorge Fernández, «sobre
el ámbito en el que
es aplicable la legislación
española y europea
basada en un ‘concepto
operativo de control
de fronteras’». Recuerdan
que «las personas
que acceden al
territorio español deben
ser tratadas conforme
a la legislación
española y europea de
asilo y extranjería». Y
creen que podría haberse
incurrido en
«una violación» de la
Convención para Refugiados
de 1951, las normas
europeas de migración
y asilo y la Carta
Europea de Derechos
Fundamentales,
«que obligan a las autoridades
españolas a garantizar
el acceso a la
protección internacional
y a respetar el principio
de no devolución
».
81 ONG cuestionan al ministro
Bruselas amenaza
con sanciones
para España
Cuestiona las explicaciones de Interior
sobre la muerte de 13 inmigrantes en Ceuta
JAVIER G. GALLEGO / Bruselas
Corresponsal
El Gobierno afirma
que «se respetaron
los derechos
fundamentales»
Blaise es otro de los 13 muertos tragados por el mar.esperanza’. Jhislaim
Nimen sólo quería
prosperar. Partió desde
Camerún con el
anhelo de poder trabajar
en la construcción en
Europa. Este joven de 23
años quería ganar algo
de dinero en Europa para
luego regresar a su país.
«Soy de una familia muy
pobre. En Camerún, no
tenemos medios». Lo que
nunca se pudo imaginar
es que en el soñado
‘Eldorado’ le fuesen a
recibir a pelotazo limpio:
«Nos decían que España
era un país de acogida.
Por eso, cuando los
españoles dispararon no
nos lo creíamos». Según
su relato, él fue de la
primera avanzadilla, de
los que lograron pisar el
territorio español. En la
playa del Tarajal, también
indica haber sido
maltratado por los
guardias civiles y afirma
que también golpearon a
una mujer que iba con
ellos. A Nimen le quedan
pocas ganas de volver a
intentar el salto a
Europa. La Guardia Civil sí
que ha logrado con su
actuación un efecto
disuasorio. «Si repito, a
lo mejor, la próxima vez
el que me quedo en el
agua soy yo». Desde
Rabat, adonde fue
trasladado por las
autoridades marroquíes,
asegura: «Nos han
Yves es otro de los fallecidos. quitado la esperanza».
El PSOE responsabiliza al Gobierno
del fallecimiento de 13 personas el
pasado día 6 durante los incidentes
en la frontera de Ceuta. Considera
que las pelotas de goma, los botes de
humo y las balas de fogueo disparadas
cerca de los inmigrantes «probablemente
» les asustaron tanto que
esto contribuyó a que se ahogaran.
El principal partido de la oposición
se suma así a la tesis de las
ONG, que sostienen que el uso de
material antidisturbios contra los
subsaharianos que nadaban agravó
la tragedia. El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, aseguró, sin
embargo, durante su comparecencia
el jueves en el Congreso, que no había
«una relación de efecto-causa»
entre las muertes y estos métodos de
«dispersión».
Antonio Hernando, secretario de
Relaciones Institucionales y de Política
Autonómica del PSOE, dio una
Hace varios meses, en unas jornadas
sobre la lucha contra la inmigración
irregular organizadas en
Melilla, expertos de la Guardia Civil
veían en el acuerdo de readmisión
entre España y Marruecos
una posible solución a este eterno
problema que sufre la ciudad autónoma
y que, lejos de aminorar, no
hace más que ir en aumento en los
últimos años. Sin embargo, cada
vez que ambos países aplican este
acuerdo, se abre la caja de los truenos
por las dudas que despierta,
tanto en el plano legal como en el
humano. Hasta el punto de que un
juez ha llamado a declarar al delegado
del Gobierno en Melilla, Abdelmalik
El Barkani, y al coronel
jefe de la Guardia Civil, Ambrosio
Martín Villaseñor, para que expliquen
cómo se tramitó la devolución
de 21 inmigrantes que entraron
a la ciudad en coches kamikaze
hace justo un año, los días 7 y
10 de febrero de 2013.
El Juzgado de Instrucción número
5 de Melilla los ha citado dentro
de 10 días tras admitir a trámite
una querella del principal partido
de la oposición, Coalición por Melilla
(CPM), y de la asociación Prodein.
Ambas entidades los acusan
de presuntos delitos de prevaricación
y contra los derechos individuales
porque, según mantienen,
12 de los 21 inmigrantes que fueron
devueltos a Marruecos no fueron
identificados. Ni siquiera se sabe
si entre ellos había algún menor
de edad o si fueron informados de
la detención y sus derechos, ya que
tampoco fueron asistidos por un
abogado o un intérprete.
La querella puntualiza que, aunque
el acuerdo de readmisión permite
que la devolución y readmisión
se lleve a cabo con una mayor
celeridad de lo que marca la legislación
general de extranjería, eso
no quiere decir que haya «una ausencia
absoluta de trámites administrativos
ni de derechos para los
extranjeros». Como mínimo, deben
tener la posibilidad de ser identificados,
de exponer sus circunstancias
personales y recibir asistencia
letrada. Además, el país que readmita
a los inmigrantes, en este caso
Marruecos, debe certificar que
lo acepta con la identidad y la documentación
de todos ellos.
Nada de esto ocurrió, según CPM
y Prodein, el 10 de febrero del año
pasado. Aquel día, un domingo muy
temprano, la Guardia Civil nada pudo
hacer por impedir que 12 inmigrantes
entraran saltándose los controles
de seguridad por el paso fronterizo
de Farhana a bordo de un
coche kamikaze. Fueron seguidos
hasta la carretera de circunvalación,
donde se les pudo interceptar antes
de devolverlos a Marruecos. El
Barkani y Martín Villaseñor tendrán
que explicar qué ocurrió aquel día
en su declaración ante el juez Miguel
Ángel García, que ha pedido un
informe de la Brigada de Extranjería
de la Jefatura Superior de Policía, y
la identidad de los guardias civiles
que intervinieron en la detención y
devolución de los inmigrantes.
PAQUI SÁNCHEZ / Melilla
Corresponsal
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
Denuncia que las pelotas de goma hicieron «entrar en pánico» a los que nadaban
El PSOE responsabiliza al
Gobierno de las 13 muertes
rueda de prensa ayer en Ferraz en la
que pidió que el ministro desvele
«quién dio la orden de disparar material
antidisturbios» cerca de los que
estaban en esos momentos en el
agua. «Ya sean pelotas de goma, botes
de humo o cartuchos de fogueo,
probablemente eso hizo entrar en
pánico a algunas personas y los que
peor nadaban se ahogaron. Esos son
los hechos», aseguró.
Hernando preguntó «con qué intención
se disparó ese material antidisturbios,
porque la idea de que fue
para trazar una línea dentro del mar
es insultante». Según la versión de la
Guardia Civil, se lanzaron pelotas de
goma y disparos de fogueo para delimitar
las aguas jurisdiccionales de
España y Marruecos. Es decir, para
trazar una especie de frontera imaginaria.
«Si el material antidisturbios se
disparó para hacer retroceder a los
inmigrantes, se cometió un grave
error que posiblemente haya dado al
traste con la vida de al menos 12 [ya
son 13] personas», reiteró Hernando,
que pidió la dimisión del director general
de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa, y del delegado
del Gobierno en Ceuta, Francisco
Antonio González, «por amparar la
orden de disparar y por mentir».
«Si los muertos no fuesen negros, Uno de los heridos supuestamente por una pelota de goma. / E. M.
pobres e indocumentados alguien ya
habría dimitido. Si los muertos fuesen
blancos, españoles y con DNI, el
director general de la Guardia Civil
no habría ido hoy a su trabajo y el
delegado del Gobierno ya estaría cesado
», reflexionó. «Vamos a exigir el
cese de estas dos personas porque
no hay seres humanos de segunda
categoría, porque, a pesar de ser pobres,
negros e indocumentados, tienen
derecho a que se haga justicia y
a que pague quien dio la orden de
disparar, quien la ampara y quien
miente».
Mientras, la portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, Soraya
Rodríguez, añadió en Vigo que, si el
ministro no destituye a estos dos cargos,
«da una prueba de que va a seguir
por este camino, y eso es muy
terrible, es una política que cuesta
mucho sufrimiento», informa Europa
Press.
El PSOE ha registrado 18 preguntas
en el Congreso en las que pide
saber qué protocolo operativo rigió
esta actuación y cuántos miembros
del Instituto Armado intervinieron;
reclama todos los vídeos que obren
en poder del Ministerio del Interior,
y plantea otras cuestiones sobre las
devoluciones de inmigrantes a Marruecos
sin garantías jurídicas.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez,
también cree que el ministro debe
dar más explicaciones. La Izquierda
Plural, por su parte, ha pedido la dimisión
del ministro, mientras que el
PNV, en palabras de Aitor Esteban,
opina que «las medidas que se han
tomado son absolutamente desproporcionadas
y la gestión absolutamente
nefasta». «Este asunto no va a
quedar así y va a traer cola», auguró.
El delegado del Gobierno deberá declarar sobre una devolución exprés del año pasado
Ante el juez por irregularidades en Melilla
Izquierda Plural
pide la dimisión del
ministro y UPyD,
más explicaciones
>EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN / Las críticas de la oposición