Los ciudadanos de los estados miembros de la Unión suelen saber que, además de ser ciudadanos del estado en el que nacieron, lo son también de la Unión Europea. No obstante, sólo un porcentaje relativamente reducido de ellos reconoce estar bien informado sobre aquellos derechos que le confiere su ciudadanía de la Unión. Algunos derechos, como el de la libre circulación o el de petición ante las instituciones comunitarias, son bien conocidos –al menos en la teoría– por la mayoría de los europeos, pero otros permanecen todavía bajo una neblina que la Comisión Europea trata de hacer desaparecer, valiéndose de iniciativas como las del Año Europeo de los Ciudadanos. Y es que el desconocimiento de sus derechos dificulta que el ciudadano los ejerza, goce de su condición de ciudadano de la Unión y se sienta, al final, más europeo.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

El sentimiento de ciudadanía europea está ganando terreno en diversos países. Hasta hace poco, ocupaba una posición minoritaria, mientras que ahora seis de cada 10 europeos se ven a sí mismos como ciudadanos de la Unión. A ello han debido de contribuir los derechos más populares, aquellos de los que más gente ha podido beneficiarse en su día a día. Tal vez el más familiar entre los europeos sea el de la libre circulación, el de poder circular, residir y trabajar en cualquier estado de la UE. Lo disfrutan desde la persona que decide irse de vacaciones a otro país comunitario, hasta quien, por cuestiones de trabajo, cruza la frontera de manera habitual; pasando por el mediático caso de los futbolistas europeos que, a raíz de la sentencia Bosman, dejaron de ser extranjeros en las ligas nacionales de los estados miembros. La movilidad, en realidad, no sólo es cosa de deportistas de élite: según el Eurobarómetro, hasta el 17% de los europeos prevé trabajar en el extranjero en algún momento de su vida.

Otros derechos, como el electoral o el derecho de elevar una queja al Defensor del Pueblo son, probablemente, más conocidos que aprovechados por la población: los últimos comicios europeos sólo registraron una participación del 43%, mientras que el Ombudsman recibió y atendió 2.500 quejas en 2011.

Los ciudadanos europeos gozan, asimismo, del derecho a la protección consular –quien se encuentre en un país sin representación diplomática de su estado de origen puede pedir ayuda a cualquier representación de otro país de la UE– o el derecho a la iniciativa legislativa, que permite solicitar a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa sobre un asunto concreto. La petición –que, en cualquier caso, debe referirse a un ámbito de competencia comunitario– debe contar con un mínimo de un millón de firmas de ciudadanos de una cuarta parte los países miembros de la Unión. Para facilitar el proceso, los interesados disponen del portal web ec.europa.eu/citizens-initiative.

Los habitantes de los estados miembros disfrutan, además, de una serie de derechos transfronterizos que facilitan sus desplazamientos por los diferentes países, y que los protegen a lo largo de su periplo internacional. Algunos afectan a asuntos de vital importancia, como el derecho a la asistencia sanitaria: la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), por ejemplo, da derecho a recibir tratamiento de urgencia a quienes se encuentren en un país de la UE –por vacaciones o por trabajo–, en las mismas condiciones que los residentes.

Entre estos derechos se encuentran también el del acceso a la seguridad social; el derecho a estudiar en otro país; los de usar el móvil o disponer de luz, agua y gas a precios razonables o asequibles; o el derecho a la protección de las víctimas. También el que tienen los pasajeros a un servicio de calidad, y que todavía podría gozar de más predicación entre los ciudadanos europeos: según el Eurobarómetro, hasta el 34% de quienes compran un billete de transporte –sea cual sea el medio– aseguran no conocer los derechos que se derivan de dicha adquisición.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La legislación europea protege también a los ciudadanos de la Unión contra las prácticas comerciales desleales. A un ciudadano de la UE, por ejemplo, no le pueden cobrar un precio más alto que a los residentes locales a la hora de comprar un producto o de contratar un servicio en el ámbito de la UE. El ciudadano tiene derecho, además, a dos años de plazo para solicitar la reparación o la sustitución del producto si este resulta defectuoso o no se corresponde con lo que se anunció. Y, si no se puede reparar o cambiar en un tiempo razonable o sin causar molestias, se puede solicitar una reducción del precio o la devolución. Se trata, sin embargo, de derechos que aún no han cuajado entre la población. Según las estadísticas, hasta el 37% de los europeos creen todavía que están menos protegidos cuando realizan sus compras en un país de la UE que no sea el suyo. Por eso suelen ser reticentes a cruzar las fronteras nacionales para adquirir bienes y servicios.

Los derechos de los europeos como consumidores se extienden al ámbito de internet, un canal de compra con el que los ciudada-

nos de la Unión están cada vez más familiarizados. El ciudadano tiene derecho a anular las compras realizadas por internet en un plazo máximo de siete días hábiles, con independencia de la causa por la que se quiera hacer; un derecho que se aplica siempre que se compren productos a distancia, ya sea por teléfono, por fax, por correspondencia o por internet. A pesar de que un gran número de hogares europeos tienen conexión a internet, sólo el 12% de los usuarios de la red de redes de la UE se siente completamente seguro al realizar sus transacciones en línea.

LOS FUNDAMENTALES

La Carta de los Derechos Fundamentales recoge, por su parte, el derecho a la vida y a la dignidad humana; a la libertad; a un trabajo digno; a la igualdad ante la ley; a la protección de los más vulnerables; a las prestaciones sociales; a la presunción de inocencia y a la defensa; y a la proporcionalidad de los delitos y las penas. Son, en definitiva, derechos inspirados en los valores de la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.