La reacción de la UE tras el no de Suiza a la libre circulación de ciudadanos; y los abusos y fraudes en el ámbito laboral.

TODAS las alarmas se han disparado en la Unión Europea tras el no de Suiza a la libre circulación de ciudadanos europeos en su país. El acuerdo entre Bruselas y Ginebra por el que, desde el 2002, personas y mercancías de la UE tienen libertad de movimientos está a punto de saltar por los aires tras el referéndum celebrado hace unos días. Uno de los puntales de la UE, la libre circulación, está seriamente amenazado. Bruselas ha puesto el grito en el cielo y amenaza a los suizos con suspender sus ventas a los 490 millones de consumidores europeos y con renegociar la persistencia del secreto bancario, entre otras medidas. Pero Ginebra puede contrarrestar esas amenazas argumentando que el saldo comercial le es favorable en algo más de 15,5 miles de millones de euros, además de que recauda más de 500 millones en impuestos por las cuentas de ciudadanos europeos que revierten a sus países de origen, como los 50 millones anuales a España, por ejemplo.

El nudo de la cuestión es que la decisión de poner cuotas a la inmigración europea llega a las puertas de unas elecciones continentales en las que la amenaza populista y antieuropea es muy seria. El eco de la decisión suiza ha llegado a Londres, donde el premier británico, David Cameron, ha anunciado su intención de diluir la libre circulación de ciudadanos de la UE en su país para complacer a los sectores más radicales de los tories. Asimismo, han surgido voces similares en Alemania, Holanda o Francia, donde los emergentes sectores contrarios a la UE abonan sus tesis en la decisión suiza. Las perspectivas electorales del europeísmo pueden haber disminuido notablemente.

No parece, sin embargo, que la libre circulación de ciudadanos en la UE sea un problema, a juzgar por los datos existentes. Menos de un 3% de los europeos viven en otro país miembro. En el caso suizo, por ejemplo, con ocho millones de habitantes, no llegan a 0,8 millones los europeos residentes, en su mayoría con un alto nivel de formación que trabajan especialmente en el sector servicios. Se da la circunstancia paradójica, además, de que la estructura demográfica de la vieja Europa, en claro declive, precisa de la inmigración para asegurarse como mínimo la viabilidad del Estado de bienestar. Revitalización o decadencia.

La oleada populista que sacude Europa parece más bien consecuencia del reverdecer de viejos prejuicios por efecto de la crisis; aunque en Suiza esté muy mitigada, con una tasa de desempleo del 3,5% y un crecimiento del PIB previsto en el 2,4% en el presente año. Los sectores más populares de estas sociedades, ensimismadas y autocomplacientes, temen la disolución de sus culturas en Europa y, sobre todo, que la inmigración afecte a su statu quo. Por esa razón, la responsabilizan de la creciente sensación de inseguridad que genera la propia crisis y de la mayor demanda en escuelas, centros sanitarios y oficinas de empleo desde que desaparecieron las fronteras interiores.

El panorama se presenta, por tanto, problemático. El Gobierno suizo anunció ayer a Croacia, el último en adherirse a la UE y que tenía pendiente sumarse al tratado entre la UE y el país alpino, que sus ciudadanos no podrán entrar libremente en el país. Es la primera víctima. Falta por ver cuándo esta prohibición afectará al resto de los países. En todo caso, Bruselas tiene el difícil papel de negociar con Ginebra y, al mismo tiempo, convencer a los europeos de los beneficios de la Unión.