Suiza anunció ayer que no extenderá a los croatas la libre circulación, es decir, el derecho de establecimiento en la Confederación del que gozaban hasta hace poco más de una semana los trabajadores de una mayoría de Estados de la UE, incluida España. Este derecho quedó derogado para todos los inmigrantes comunitarios el 9 de febrero, con la aprobación en referéndum de la polémica iniciativa popular «Contra la inmigración masiva» por parte de una mayoría ajustada. Entre otras cosas, su texto prohibe ya a Suiza concluir «tratados internacionales que contradigan» la nueva normativa restrictiva en materia de inmigración.

Por tanto, la ministra suiza de Justicia, Simonetta Sommaruga, comunicó a la jefa de la diplomacia de Croacia, Vesna Pusi, que la Confederación «no firmará el acuerdo, en su forma actual, para la extensión de la libre circulación de las personas a Croacia», vigésimo octavo Estado de la UE desde el 1 de julio de 2013. El acuerdo entre Berna y Zagreb sólo había sido rubricado, y preveía una transición de 10 años antes de que los croatas pudiesen disfrutar de la libre circulación en Suiza. El embajador de Croacia ante Suiza, Aleksandar Heina, lamentó la decisión del Ejecutivo helvético, al afirmar que para Zagreb «es inaceptable ser considerada (…) como un país tercero y no como un miembro de la UE».

Por su parte, el Gobierno federal suizo señaló que iba a tomar medidas provisionales para «evitar discriminar a ciudadanos croatas». En lo que respecta a los trabajadores de la UE, el Ejecutivo de la Confederación aseguró la pasada semana que para ellos «la situación no cambiará», «en tanto en cuanto no entre en vigor una legislación» suiza que recoja las nuevas normas restrictivas.

El resultado de la consulta celebrada el día 9 de febrero modificó la Constitución federal helvética, al imponer el restablecimiento en Suiza de umbrales y cuotas anuales de inmigrantes (incluidos los trabajadores transfronterizos y solicitantes de asilo), con independencia del país del que sean ciudadanos. Se trata de las mismas restricciones que existían antes entrada en vigor, el 1 de junio de 2002, de los Acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE sobre la libre circulación y otros asuntos.

Aun así, los trabajadores españoles y los de otros 14 Estados comunitarios sólo dejarán de disfrutar de la libre circulación en Suiza una vez que la Confederación haya llevado a cabo las previstas (y difíciles) negociaciones con la UE para modificar los Acuerdos bilaterales con esta, y el Parlamento helvético haya adoptado una nueva ley federal de extranjería. Para negociar con Bruselas, la iniciativa popular dicta al Gobierno un plazo de «tres años».

Sin embargo, Toni Brunner, el presidente del Partido del Pueblo Suizo (SVP) que impulsó esa iniciativa, instó ayer al Ejecutivo a acatarla cuanto antes y emitir decretos que establezcan los umbrales y cuotas anuales de inmigrantes antes de junio. Entonces entrará en vigor la extensión de la libre circulación en Suiza a los ciudadanos de 10 Estados que se adhirieron a la UE en 2004 (todos los nuevos miembros menos Rumanía, Bulgaria y Croacia).