El hallazgo ayer mismo en las playas de Ceuta de otros dos cadáveres eleva a 15 la cifra, aún provisional, de inmigrantes muertos la pasada semana cuando intentaban alcanzar las costas de la ciudad autónoma de soberanía española en el norte de África. Una tragedia que, a la vista de los acontecimientos que la han rodeado, va mucho más allá de un presunto accidente a los que, desgraciadamente, la sociedad parece haber empezado a acostumbrarse cuando grupos de personas por lo general de procedencia subsahariana arriesgan su vida con la esperanza de una vida mejor en la rica Europa. Es más, y a la espera de que se conozcan todos los datos si es que llegan a hacerse públicos, dado el absoluto oscurantismo y hasta obstruccionismo de que han hecho gala hasta ahora las autoridades responsables, el drama no solo podía haberse evitado sino que es muy posible que, al menos en gran parte, haya estado causado directamente por una actuación desproporcionada, ilegal, inhumana y negligente. Repeler, como hizo la Guardia Civil, a un puñado de inmigrantes con material antidisturbios mediante el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo incluso cuando se encontraban en el agua constituye un hecho gravísimo, incompatible con el respeto a los derechos humanos más elementales y pudo ser el motivo del fallecimiento de muchos de ellos. Así lo entiende la opinión pública, los partidos políticos (toda la oposición), decenas de ONG, organizaciones por los derechos humanos y hasta la Comisión Europea, que ha mostrado su “grave preocupación” por lo ocurrido, ha exigido que se investigue y ha amenazado con sanciones a España. Eso es justamente lo que debe hacer el Gobierno: una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente y depurar responsabilidades. De momento, no parece que vayan por ahí las intenciones. Desde el principio, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han mentido y han ocultado hechos y datos. A la habitual actitud prepotente del ministro Jorge Fernández Díaz se ha unido la incompetencia ya demostrada anteriormente por ejemplo en su etapa como delegado del Gobierno en Galicia cuando se hundió el Prestige, el despotismo y las falsedades del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Los muertos en esta tragedia y el Estado de derecho merecen toda la verdad.