El lanzamiento de pelotas de goma contra un grupo de inmigrantes por parte de la Guardia Civil continúa metiendo en aprietos al Gobierno español. Después de que tanto el delegado del Gobierno en Ceuta como el director de la Guardia Civil desmintieran estas prácticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se vio obligado a admitir el jueves en el Congreso de los Diputados que el pasado día 6 efectivamente se dispararon bolas de goma, en un episodio en el que murieron al menos 14 inmigrantes. Ahora los problemas no le llegan por las críticas de las ONG o de la oposición: es la Comisión Europea la que exige explicaciones y amenaza con la apertura de un expediente.

“Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de analizar las circunstancias en las que ocurrió este incidente en Ceuta”, ha señalado el portavoz de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, “muy preocupada” por la confirmación de que efectivamente las fuerzas de seguridad del Estado usaron bolas de goma.

El equipo de Malmström reclama a España que clarifique este episodio y da un paso más: sugiere que, si estas explicaciones no le convencen, podría tomar medidas. “Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea se reserva el derecho de dar los pasos adecuados si hay evidencias de que un Estado miembro ha violado la legislación europea”, añade. Por si quedaba alguna duda, la comisaria ha usado su cuenta de Twitter para mostrar su preocupación.

No es este el primer encontronazo entre Fernández Díaz y su homóloga europea. A principios del pasado mes de diciembre, Malmström expresó sus dudas sobre la instalación de cuchillas en las vallas de Melilla. “Por lo que sé de cuando se retiraron, las cuchillas no impedían que la gente entrara, solo hacían que llegaran con más heridas”, aseguró.

También anunció en aquella ocasión que pediría explicaciones al Gobierno español. Pero tras una reunión con el ministro en el que este mostró su enfado por las palabras de Malmström, la Comisión admitió que los Estados miembros tienen las competencias para gestionar sus fronteras y que no disponían de indicios de que España hubiera violado la ley europea. “Pese a todo, no estoy convencida de su efectividad”, añadió la comisaria en una especia de reconocimiento de que no tenía instrumentos para reprobar estas prácticas, pese a que personalmente le disgustaran.

Pero esta vez parece diferente. Malmström reconoce que los Estados miembros tienen las responsabilidad de gestionar sus fronteras externas. Pero este control ha de hacerse siempre de forma “proporcional con los objetivos perseguidos”. “Se debe hacer de acuerdo con el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana”, añade el portavoz de la responsable comunitaria.

Además de los problemas con los inmigrantes, Fernández Díaz ha recibido críticas por otras iniciativas de su departamento. El Consejo de Europa –institución al margen de la UE, que incluye a medio centenar de países– tildó de “desproporcionada” la ley de Seguridad Ciudadana con la que se castiga a aquellos que se manifiesten sin autorización.